El desarrollo económico debe ser una de las líneas básicas de cualquier programa político para el gobierno de los Ayuntamientos de cualquier localidad. Por tanto el objetivo prioritario de las corporaciones municipales debe ser la creación y la conservación de la actividad económica en la población por el beneficio que ello produce a los ciudadanos y a la propia localidad.

Este objetivo está justificado tanto en las grandes ciudades como en las áreas metropolitanas y las más pequeñas poblaciones, ya que todas aspiran al desarrollo social y económico de sus habitantes. A este desarrollo contribuye especialmente el colectivo de los autónomos que representan un importante papel en la actividad de las urbes aparte de la índole de la localidad o de su número de habitantes.

Para lograr que este colectivo determine su actividad en la ciudad es necesario adoptar disposiciones de diferente orden que fomenten la creación y el mantenimiento de las actividades que llevan a cabo los trabajadores por cuenta propia promoviendo el avance económico y la estabilización de la población.
No puede tampoco olvidarse que gran parte de la iniciativa económica actual está siendo protagonizada cada vez más por las mujeres, por lo que hacia ellas deben dirigirse especiales medidas de promoción y también tener en cuenta el papel que en un próximo futuro van a jugar las iniciativas emprendedoras de los emigrantes.

Por las razones anteriores la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España considera imprescindible que los Partidos Políticos que presentan listas para ocupar los diferentes ámbitos de responsabilidad de la actividad de nuestros municipios incorporen en sus programas compromisos específicos dirigidos de manera particular al colectivo de los profesionales autónomos y comprometerse en la consecución de sus legítimas aspiraciones a través, entre otras, de las siguientes propuestas:

-Se insta a las Administraciones Locales a crear mesas de diálogo permanente sobre el trabajo autónomo, asegurando la interlocución directa con las organizaciones de autónomos, con el objetivo de aportar propuestas concretas que beneficien al trabajo autónomo en cada localidad, como exenciones fiscales, bonificaciones, subvenciones, etc.

-Fomentar la elaboración de planes estratégicos a nivel local, para la consolidación y elevación de la competitividad de los negocios locales, mediante la racional distribución zonal de los sectores económicos y el impulso del establecimiento de nuevos sectores de actividad.

-Para contrarrestar los efectos que está provocando la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, modificada por Ley 42/2010 de 30 de diciembre, sobre medidas sanitarias frente a tabaquismo, en el sector hostelero, también afectado por la crisis económica, se debería apoyar a este sector reduciendo y/o eliminando la tasa municipal de ocupación de la vía pública mediante veladores.

-Compromiso firme del gobierno municipal de pagar sus deudas en los plazos establecidos en Ley de Reforma contra la Morosidad. Destinar una partida específica en los presupuestos anuales al pago de deudas antiguas con autónomos y microempresas.

-A nivel de Administración Local, aplicación real y efectiva del artículo 5 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que establece lo siguiente: “La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen.

-Por lo expuesto, se propone la liberación de servicios en todas y cada unas de las Administraciones locales, para que sea realmente el trabajador autónomo el que certifique que su establecimiento cuenta con las garantías establecidas en la normativa vigente, evitando los trámites burocráticos que suponen una demora en las aperturas de negocios.

-Limitar la concesión de licencias a grandes superficies, con la finalidad de favorecer al comercio minorista y proximidad.

-Implantación de un Plan de reactivación del comercio minorista en las zonas afectadas por obras.

Si bien cada sector de actividad económica tiene sus especiales características y necesidades, teniendo en cuenta los intereses de la ciudadanía y su presencia efectiva en el ámbito urbano, consideramos que las política municipal debe contemplar con prioridad a los sectores del comercio, la hostelería y el turismo, así cómo el servicio de taxi y el transporte ligero de distribución, para los que proponemos algunas de las medidas siguientes:

En general desde UPTA consideramos que el fomento y la consolidación del trabajo autónomo, tanto de los sectores del comercio y la hostelería, como del transporte y de los profesionales, puede convertirse en uno de los elementos fundamentales del mantenimiento del desarrollo económico municipal y el factor básico de fijación de la actividad económica en el ámbito local; para ello será necesario mantener una política consensuada con el sector y un tratamiento específico y especial para este colectivo que tiene particulares necesidades con relación al del resto de las empresas y habitantes de la ciudad.

Por otra parte no podemos dejar de hacer referencia a la especial problemática de los autónomos en el ámbito rural de nuestros territorios. La población en los municipios menores de 10.000 habitantes se ha ido reduciendo progresivamente, de un 60% hace cuarenta años a menos de un 20% en la actualidad, aunque la superficie de las zonas rurales abarca más del 80% de todo el territorio. Este proceso de concentración urbana y despoblamiento afecta negativamente a la situación de nuestra población rural.

El nivel de envejecimiento es alto. El papel económico de las mujeres sigue relegado a un segundo plano y se mantiene una precaria situación para los emprendedores. Todo ello nos conduce a una falta de dinamismo, de iniciativas y de proyectos.

En el espacio rural sigue siendo todavía básico el rol de lo agrario, pero de igual modo, y cada vez más, se hace necesario implementar políticas relacionadas con lo no agrario que posibiliten el acceso a nuevas rentas que permitan el mantenimiento y fijación de población rural en condiciones de calidad de vida. La diversificación de la economía del medio rural, combinando esfuerzos e iniciativas endógenas con las oportunidades procedentes del exterior y las impulsadas por los emprendedores pueden resultar clave en el impulso al desarrollo económico de este entorno.

Por ello es necesario que todas las medidas de carácter socioeconómico y fiscal expuestas anteriormente se incentiven e implanten de forma especial en los municipios rurales, contando con sistemas de cobertura desde la administración autonómica y central.

Se debe avanzar hacia una política de impuestos cero, al menos durante los dos primeros años, para cualquier nueva actividad económica que se implante desde el trabajo autónomo o la microempresa en los más pequeños municipios, así como apoyos financieros especiales cuando estas actividades estén vinculadas al mantenimiento de tradiciones locales, así como crear líneas de consolidación de negocios para garantizar el mantenimiento de estos y, con ello, la fijación de actividad económica.

Por último, queremos hacer una reflexión y apuntar tres acciones que toda Administración debe tener en cuenta respecto a los autónomos:

1. Tras el acuerdo adoptado sobre la reforma del Sistema de Pensiones, los cotizantes del RETA sin duda deberán realizar en el futuro un esfuerzo contributivo para asegurar el modelo colectivo actual y al tiempo su nivel de protección individual. Para ello es imprescindible culminar el proceso de equiparación en los derechos de acceso a las prestaciones y realizar desde el sector público y asociativo un esfuerzo de información y cultura preventiva que todavía es insuficiente.

2. Los autónomos, especialmente los económicamente dependientes, están sujetos a un alto riesgo de siniestralidad y enfermedad de origen profesional. Es por ello que tiene que ser objeto de actuaciones suficientes en materia preventiva por parte de las Administraciones Públicas competentes y las Mutuas de AT y EP. Por otra parte las empresas para las que trabajan de forma casi exclusiva miles de trabajadores autónomos deben asegurar la suficiente coordinación y formación de estos trabajadores, particularmente en sectores como la construcción o el transporte.

3. El Gobierno, y las CCAA, deben ya poner en marcha los mecanismos para constituir los Consejos del Trabajo Autónomo de sus diferentes ámbitos de tal forma que se asegure el mantenimiento de la interlocución institucional permanente y se realice un seguimiento efectivo de las acciones contempladas en esta propuesta y otras de carácter general que afecten al trabajo autónomo.