La aprobación en 2015 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por los Estados miembros de Naciones Unidas, supone la puesta en marcha de una estrategia global destinada a erradicar las principales causas de exclusión socioeconómicas y a establecer las bases de un desarrollo sostenible. A través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que integran la Agenda 2030, todas las naciones del planeta se comprometieron a ejecutar un plan de acción universal, integrador y transformador, que persigue eliminar la pobreza desde un enfoque multidimensional.
Se trata de una hoja de ruta universal porque se aplica a todos los países de la Tierra, con independencia de su nivel de desarrollo; integradora, porque tiene en cuenta las dimensiones social, económica y medioambiental; y transformadora por la ambición puesta en la consecución de los objetivos de desarrollo.
Pero además de estos tres principios rectores de la Agenda 2030, resultantes de las lecciones aprendidas de la anterior estrategia de lucha contra la pobreza, como fue la Agenda del Milenio, por primera vez se reconoce al sector privado un papel central en el logro de los objetivos de la agenda de desarrollo.
Esta nueva realidad, que empezó a abrirse paso de manera gradual desde la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (2005) y el Plan de Acción de Accra (2008), cristaliza en la Alianza de Busán para la Cooperación al Desarrollo (2011), donde la lucha contra la pobreza deja de ser un ámbito de actuación exclusivo de las administraciones públicas y de las organizaciones no gubernamentales.
No menos trascendentales resultan, desde una perspectiva de la financiación, las Conferencias de Monterey (2002), Doha (2008) y a Addis Abeba (2015) sobre financiación para el desarrollo, en cuyas declaraciones se pone especial énfasis en la movilización de capitales privados internacionales y domésticos para acometer los importantes retos en ámbitos tan importantes como son la lucha contra el cambio clima, la transición energética, el desarrollo de ciudades sostenibles o la universalización en el suministro de agua.
El cometido del sector privado, como actor reconocido en la lucha contra la pobreza, el especial hincapié en las alianzas público privadas, y el especial énfasis puesto en la movilización de fondos privados, adquieren una mayor importancia si cabe, si se analizan los 17 objetivos y 169 metas.
Sin pretender ser exhaustiva en el análisis de cada uno de los objetivos y metas de la Agenda 2030, sí creo oportuno destacar:
- El rol que deben desempeñar las organizaciones empresariales en la definición de políticas con el fin fomentar la inversión privada, el espíritu empresarial y las alianzas público privadas, así como la función que deben desempeñar como interlocutores sociales en el diálogo social, para impulsar el crecimiento, sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos (ODS 8).
- La contribución irreemplazable de las empresas al logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial mención a los relacionados con el hambre (ODS 2); el agua (ODS 6); la energía asequible y no contaminante (ODS 7); la industria, la innovación e infraestructura (ODS 9); el desarrollo de ciudades sostenibles (ODS 11); la producción y consumo responsables (ODS 12); y la acción por el clima (ODS 13).
Pero el sector privado no solo se limita a estos objetivos que acabo de enumerar, sino también cumple una función primordial en la conformación de las alianzas público privadas, junto a los gobiernos y la sociedad civil, así como en la movilización de los capitales privados (ODS 17) requeridos para afrontar con eficacia los retos globales que deben afrontar la comunidad internacional en las próximas décadas.
Las empresas españolas, líderes en sectores como las infraestructuras, la energía, el agua, la salud, la educación y la agroalimentación están muy bien posicionadas para responder de manera eficaz a este conjunto de desafíos tanto en nuestro país como en el exterior.
Sin embargo, su grado de involucración no solo dependerá de la definición de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible y el V Plan Director de la Cooperación Española, todavía en fase de elaboración, sino también de otros factores no menos importantes, como son la puesta en marcha de un marco viable de alianzas público-privadas en los diferentes ámbitos de actuación y de la articulación de unos mecanismos e instrumentos financieros que faciliten la movilización de las fuentes de financiación privada.
Consciente de las oportunidades que ofrece esta hoja de ruta universal al sector privado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales está plenamente implicada en la definición y ejecución tanto de la Estrategia Nacional como del V Plan Director de la Cooperación Española, con el fin de lograr la involucración de las empresas españolas en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.
Ana Plaza Arregui
Secretaria General de CEOE
