Conocer el impacto y las características de las enfermedades de origen laboral es imprescindible para planificar adecuadamente estrategias preventivas y asistenciales necesarias para eliminar y/o minimizar los daños a la salud, porque esos daños existen en mucha mayor medida de la que nos presentan las estadísticas, y en la mayoría de los casos, siguen invisibilizados o pasan a catalogarse como enfermedad común.
Esa ocultación e infradeclaración se ve agravada porque muchas veces se da un periodo de latencia prolongado, como en el caso del amianto o la sílice, lo que dificulta la relación directa de la enfermedad con el trabajo, de ahí la importancia de conocer el dato real, y en qué actividades y lugares de trabajo ocurren, para elaborar acciones preventivas más eficaces, y promover el diagnóstico precoz para favorecer su tratamiento cuando se manifiestan los primeros síntomas, fase en la que, con frecuencia, muchas afecciones todavía son reversibles.
En CCOO entendemos que debe haber una apuesta por conocer el impacto que tienen sobre la salud las actuales condiciones de trabajo e impulsar medidas de prevención eficaces. Que los datos evidencien una caída importante en el número de enfermedades laborales declaradas no significa que realmente éstas hayan descendido o haya mejorado la salud de las personas trabajadoras. Más concretamente, esta infradeclaración está relacionada con una praxis habitual de las mutuas, que responsables del pago de la indemnización, y alentadas por sus clientes las empresas, dificultan la declaración de la enfermedad ahorrándose costes y trasladándolos al sistema público de salud.
Además, las enfermedades profesionales están tasadas y cerradas en un cuadro normativo muy limitado que restringe las posibilidades de demostrar la existencia de un nexo de causalidad directo entre la dolencia y la actividad laboral que se desarrolla.
Andalucía está a la cola de las comunidades en cuanto a declaración de enfermedades profesionales e, indudablemente, no son la legislación actual o la praxis habitual de las mutuas las únicas causantes de que el registro sea tan escaso, pues con la misma normativa, aunque claramente deficiente y mejorable, comunidades como Navarra, País Vasco o La Rioja cuentan con un registro más acorde a su realidad al haber dedicado y coordinado recursos sanitarios y laborales para avanzar en prevención de las enfermedades profesionales. Andalucía no lo ha hecho.
No remediar esa infradeclaración tiene unas consecuencias claras: las personas trabajadoras que han contraído una enfermedad derivada del trabajo no obtienen una compensación económica justa y reparadora del daño; no se actúa en los centros de trabajo para mejorar las condiciones que ocasionan las enfermedades, con lo que otras personas pueden sufrir el mismo daño; se derivan al sistema público de salud los gastos sanitarios que deberían afrontar las mutuas, incumpliendo así su deber de realizar un tratamiento adecuado de las personas trabajadoras a su cargo y desvirtuando el destino finalista de sus presupuestos; y estos casos no quedan recogidos en las estadísticas oficiales, lo que impide que se dediquen esfuerzos y recursos públicos a su prevención.
Por todo ello, desde CCOO reivindicamos mayor presupuesto para campañas preventivas; la puesta en marcha de un Sistema de Declaración de Enfermedades Profesionales en Andalucía que contemple a las personas profesionales del Sistema Andaluz de Salud como principales actores; y servicios de prevención ajenos con más independencia respecto a quien les paga, para que puedan cumplir con su deontología profesional y propiciar más diagnósticos de sospecha sin temer a su empresa cliente. Se trata de reivindicaciones que tienen que ser asumidas con la máxima celeridad porque la salud laboral no puede seguir siendo invisible a los ojos de gobiernos, empresariado y de la sociedad. Nos va la vida en ello.
Nuria López
Secretaria General de CCOO-A
@nurialomar
