Las lluvias caídas en lo que llevamos de 2018 han devuelto a valores bajos, pero relativamente normales, el nivel de los embalses y el agua caída en los cultivos. Y con ello la esperanza para agricultores y agricultoras que respiran un tanto aliviados, tras superarse una situación de sequía como no se conocía en la última década, y que ahora afrontan lo que queda de año agrario con más confianza. Los cereales, el olivar, la remolacha, los cítricos, los pastos… todos los sectores y cultivos agradecen el agua mientras los embalses aumentan sus niveles.
Casi al mismo tiempo que el gobierno andaluz acordaba aplazar la aprobación del decreto ley que pretendía declarar el estado de sequía, en el Pleno del Consejo Económico y Social de Andalucía interlocutores sindicales, sociales y económicos, entre los que se encuentra UGT Andalucía, llegábamos a un consenso unánime para aprobar el dictamen del Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, con numerosas aportaciones de nuestro sindicato.
Para UGT-A, el sector de la Agricultura y la Ganadería ocupa un lugar estratégico en nuestra Comunidad por su contribución a la capacidad productiva y al empleo y, no menos importante, por su relevancia en la cohesión territorial de nuestra región, favoreciendo la fijación de la población al territorio y contribuyendo a un desarrollo sostenible. Por ello, desde UGT consideramos la norma como una regulación oportuna y necesaria para un sector primario andaluz que siempre se ha caracterizado por una gran inestabilidad y para una actividad agraria que mantiene a más de 450.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Un sector que da empleo de forma directa a más de 245.000 andaluces y andaluzas, constituyendo en muchos municipios de nuestra Comunidad la principal, cuando no la única actividad generadora de empleo.
La Ley 8/1984, de 13 de julio, de Reforma Agraria andaluza, sentó las bases sobre el significado histórico del problema de la tierra, a la luz de las necesidades que en ese momento se planteaban en la agricultura andaluza. Más de tres décadas después, se hace necesario un nuevo planteamiento más acorde con la problemática que viene arrastrando el campo andaluz en la actualidad.
Una norma que incide en otros sectores, no solo el agrario, ya que tiene por objeto establecer las bases de ordenación y fomento del sector agrario y agroindustrial andaluz y fijar las reglas de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía al respecto, así como orientar las acciones de los agentes económicos y sociales presentes en los ámbitos agrícola, ganadero y agroindustrial.
No obstante, aunque compartimos su necesidad, y valoramos los avances que recoge, creemos que el enfoque debe ser más ambicioso, porque se está perdiendo una oportunidad de oro para equilibrar las relaciones en el mundo rural, ya que deja en un segundo plano la figura del trabajador agrario o trabajadora agraria por cuenta ajena, en contraposición con el estatus que le otorga a la persona agricultora o empresaria agricultora.
Es necesario que la futura Ley de Agricultura de Andalucía apueste, sin tapujos, por dotar a los trabajadores y trabajadoras del sector de una estabilidad en el empleo que mejore su calidad de vida, que se apliquen fórmulas que eviten la temporalidad en el trabajo rural. Es imprescindible que se les garantice una remuneración adecuada, que se incentive la incorporación a esta actividad y el relevo generacional, con una formación que les permita superar los retos tecnológicos a los que se enfrenta un sector cada vez más especializado y que demanda altas cotas de calidad en su producción. Desde UGT Andalucía seguiremos trabajando para que así sea, aún estamos a tiempo.
Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A
@mc_castilla
