La economía andaluza mantuvo en 2017 un importante ritmo de aumento del Producto Interior Bruto, en el entorno del 3%. Fue el cuarto año de crecimiento económico y se prevé que continúe en 2018 aunque con una suave desaceleración. Estamos, pues, en plena fase expansiva y las empresas empiezan a recuperar los niveles de beneficio de antes de la crisis.
Pero esa recuperación económica no está llegando a los trabajadores ni a las familias andaluzas. Se crea empleo, sí, pero de muy baja calidad, muy precario. Cae el desempleo pero a costa de empleos temporales mientras persiste el paro más estructural. Según el Instituto Nacional de Estadística, 492.000 personas llevan en Andalucía más de un año en paro y 362.500 de ellas, más de dos años. Además, los salarios tampoco han recuperado la contracción que sufrieron durante la crisis. Desde 2009 y hasta 2017 han caído más de siete puntos porcentuales de media a nivel estatal. Incluso en este último año, en plena expansión económica, los salarios han perdido dos puntos de poder adquisitivo, lo que resulta una anomalía histórica y una injusta perversión del sistema de determinación de rentas.
Esta contracción de los salarios ha sido, y aún es, el resultado de una estrategia deliberada dirigida a abaratar costes laborales a las empresas. Una estrategia basada en la reforma laboral de 2012 que desequilibró de manera determinante la negociación colectiva en favor de las empresas. Han sido los trabajadores y trabajadoras con menores rentas los que han sufrido en mayor medida la caída de salarios reales: para el 10% de trabajadores con menores retribuciones los salarios han descendido un 13,8% desde 2009 hasta 2016. Lo cierto es que sufrimos una reforma laboral que es un auténtico embudo. No permite que la riqueza llegue a los más desfavorecidos y provoca que, aunque el Producto Interior Bruto crezca, la pobreza continúe en aumento. El 41,7% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social y España es el tercer país de la UE con mayor porcentaje de trabadores pobres, solo por detrás de Grecia y Rumanía.
Ese es el panorama con el que nos encontramos en este 2018. En pleno proceso de economía expansiva, la situación del empleo en Andalucía se puede definir con cuatro p´s: Precariedad laboral, Paro estructural, Pérdida salarial y Pobreza y Desigualdad. No queremos ser agoreros ni cargar tintas contra nadie, pero esta situación no se va a arreglar por sí sola. O se toman medidas urgentes o Andalucía quedará de nuevo en el vagón de cola de la recuperación.
UGT Andalucía ya ha puesto sobre la mesa algunas propuestas para sacar a nuestra tierra de esta situación. Hace unos meses presentamos un ambicioso proyecto, el Plan de Empleo 10, con 210 medidas y 210 metas. Un plan transversal que afecta a todos los aspectos del mercado laboral y que da respuesta a las debilidades del sistema. Hemos entregado el proyecto a partidos políticos, a la Junta de Andalucía y al propio Ministerio de Empleo. Es hora de empezar a trabajar en una nueva carta social, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que se adapte a las condiciones actuales de los trabajadores, que se adapte a la nueva situación de las empresas y que revitalice un instrumento fundamental para preservar los derechos laborales y sociales: la negociación colectiva.
Desde aquí, propongo a partidos políticos, patronal y demás agentes sociales y económicos la creación de una Alianza por el Empleo, honesta y leal, en la que todas las fuerzas que intervienen en el mundo de la política laboral vayamos en una misma dirección para que, en un plazo corto, la situación del mercado laboral andaluz se revierta. Andalucía se merece, necesita, empleo de mayor calidad, más productivo, que permita generar más riqueza y que se transforme, vía mejores salarios, en un aumento del bienestar de los hogares.
Carmen Castilla | Secretaria General de UGT-A (@mc_castilla)
