Desde que el cartógrafo flamenco Gherard Kremer, también conocido como Gerardus Mercator, desarrolló el mapamundi en 1569 su uso se ha universalizado hasta nuestros días. Cierto es que su composición se realizó desde una visión europea del planeta. Y dicha circunstancia fue determinante pues permitió que se activase, desde entonces hasta nuestros días, lo que se ha dado en llamar “el paradigma cartográfico eurocentrista”. Una perspectiva cartográfica que conllevaba distorsiones eurocentristas como que Escandinavia apareciera más grande que la India, a pesar de que esta última es tres veces mayor, o que Europa se dibuje casi con igual tamaño que América del Sur aunque esta zona del hemisferio sea casi dos veces mayor que Europa.

Una realidad deformada que a base de repetirse fue conformándose como una verdad cierta y que en parte encontró justificación en la utilidad que esta manera de representar el mundo tuvo para la navegación por mar y su efecto en la fijación de nuevas rutas comerciales. En definitiva, para hacer negocio.

Lo que para algunos es considerado una innovación, fruto de una hazaña intelectual y con importante incidencia económica, para otros es una descarada distorsión construida y mantenida en el tiempo que sólo se justifica desde intereses muy particulares y que trata de dar pábulo a una manera de contar las cosas desde el poder, para el poder y con el poder.

Y algo parecido, salvando las distancias, nos está tocando vivir en estos tiempos nuestros cuando hablamos de la crisis financiera y económica, de sus efectos y de los instrumentos que hay que poner en la mesa de operaciones para que el “consejo de doctos sabios” trate de curar a una economía enferma. Hoy más que nunca nos enfrentamos a una brutal paradoja que trata de vestir de “lógica aplastante” y “brillante sensatez” una manera de entender las relaciones económicas, laborales y sociales bajo el prisma de un determinismo absurdo e irracional que justifica la pérdida de libertades individuales y colectivas, el deterioro de la democracia, la erosión de los servicios públicos, la eliminación de los derechos laborales y sociales y la desamortización del Estado del Bienestar.

Algo que la economista india Jayati Gosh, secretaria ejecutiva de la Asociación Internacional de Economía del Desarrollo (IDEAs) y galardonada con el premio de investigación sobre Trabajo Decente de la OIT explica, al referirse al modelo de crecimiento económico imperante, de la siguiente manera: “El objetivo principal siempre ha consistido en tratar de exportar más. Una vez conseguido eso, es necesario mantener bajos los salarios, a fin de controlar los costes. De manera que el propósito no es impulsar la demanda interna, porque esto inhibe la capacidad de ser un exportador muy competitivo. El resultado son políticas cambiarias como salariales bajas. Y sobre todo, no se permite que el incremento de la productividad se traduzca en aumentos salariales”

Todo un desiderátum esquemático sobre una manera de entender las relaciones económicas, y por extensión laborales y sociales, que se fundamentan en una visión ultraliberal de la teoría y el pensamiento económico y se materializa en unas estrategias de comportamiento empresarial de carácter dominante que necesitan del respaldo de un pensamiento político ortodoxo y de partidos políticos de corte neoliberal y ultraconservador.

Un mecanismo, perfectamente engrasado por los poderes financieros, que tienen arrinconada y exhausta a las políticas de crecimiento basadas en los salarios y el empleo y que trata de dar el golpe de gracia a las relaciones laborales centradas en el equilibrio de fuerzas y en una visión colectiva de las mimas; a las organizaciones sindicales, como legítimos y democráticos representantes de los trabajadores, y a cualquier posibilidad de mantenimiento de la negociación colectiva.

Algo que en el caso de España se materializa en la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno del PP que da rienda suelta a la mayor expresión reaccionaria, en el ámbito laboral, de la democracia y que junto con el maniqueo discurso de la necesidad de recortes en lo público está provocando el más grande retroceso laboral y las mayores cotas de pobreza en la sociedad española. No podemos obviar que recortar en educación, sanidad, dependencia y políticas sociales implica estrechar y reducir el único patrimonio del que disponemos los trabajadores y nuestras familias. Suficientes y justificados motivos para promover una Huelga General el 29 de marzo que trata de redireccionar la situación desde el convencimiento de que es posible recomponer la ineficacia, injusticia e inutilidad de la propuesta del Gobierno de Rajoy.

Una expresión de defensa colectiva de derechos laborales y sociales que en Andalucía tuvo su antesala el día de las elecciones autonómicas del 25 M y cuyo resultado desprende una clara apuesta democrática por los derechos y por el modelo social que conformamos hace algo más de 30 años para nuestra comunidad autónoma.

Hablaron las urnas, callaron las encuestas y la mayoría del pueblo andaluz se decanta por opciones que desaprueban a quienes quieren imponer políticas de desigualdad y de destrucción de derechos al tiempo que dice, alto y claro- a los cuatro vientos- que quiere ser dueño de su propio presente y de su futuro.

Con su expresión democrática la sociedad andaluza está obligando a la izquierda plural a entenderse. Marca la dirección de las políticas que deben regir nuestra Comunidad en el futuro y apuesta por una salida más justa, más solidaria, con mayor igualdad y con empleo digno.

Manuel Pastrana Casado
Secretario general de UGT de Andalucía