Aunque en el inicio del año 2011 nos encontremos atrapados, todavía, por las garras de la grave crisis económica y financiera deberíamos tener presente que las malditas zarpas de la crisis aprietan, pero según relatan y auguran los expertos, cada vez más con menor intensidad.

Una circunstancia que, curiosamente, todavía no viene acompañada por una mayor fluidez del crédito para empresas y particulares, con un mejor comportamiento de la inflación, que sigue su recorrido alcista o con una nueva senda de creación de empleo que permita reducir una cifra de parados, que supera los cuatro millones de personas, y que, a ciencia cierta, es el más grave problema al que nos enfrentamos como sociedad.

Un problema económico y social que nos atenaza como pueblo, limita nuestra capacidad para generar ilusión y confianza en el futuro y que, para encontrar soluciones, nos exige un mayor liderazgo colectivo. Algo que ha demostrado ser difícil, sobre todo si lo referenciamos al ámbito exclusivamente político, pero no imposible cuando se trata de otros actores. Y, en este sentido, la firma del Pacto Social y Económico, suscrito por los sindicatos más representativos, la patronal y el Gobierno, el día 2 de febrero del presente año es un muy buen ejemplo.

Un pacto, que ha sido impulsado desde el primer momento por UGT, y que tiene como objetivo promover el crecimiento, el empleo y garantizar el sistema público de pensiones, conscientes, como somos en nuestro sindicato, de que la mejor manera para combatir los negativos efectos de la crisis económica es mediante el diálogo social y la negociación.
Un acuerdo, que implica una corrección sustancial de los planteamientos iniciales del Gobierno, al asumir un enfoque más global e integral y que incluye medidas en materia de pensiones, en materia de políticas activas, en materia de política industrial, de innovación y energética y relativas a la modernización de las administraciones públicas.

Un pacto global que trata de afrontar la crisis y alcanzar la recuperación económica desde el compromiso común de garantizar la cohesión social y que interrelaciona nuestro sistema público de pensiones no sólo con la evolución demográfica, sino con la situación económica general de nuestro país.

Un acuerdo que es fruto del consenso, que se aleja de medidas impuestas de manera unilateral y que abre la senda de un camino a seguir. Nos señala una hoja de ruta y una forma de enfocar las soluciones coherente con los problemas de nuestro país. Una visión, que nos debe ayudar a recuperar la confianza en nosotros mismos y que nos ayuda a hacer converger el interés de la mayoría con la creencia de que para alcanzar progreso social no hay que destruirlo todo, recortar derechos, eliminar servicios públicos y enterrar el Estado de Bienestar.

Enfoque de diálogo que está inspirando el proceso abierto de reforma de la negociación colectiva sobre la base del carácter bipartito de la misma y que refuerza el principio central de la negociación colectiva que no es otro que la autonomía de las partes a la hora de definir las condiciones de trabajo.

Una reforma de la negociación colectiva, que a juicio de UGT, debe permitir conseguir un sistema de negociación colectiva más estructurado, articulado, eficaz y útil para trabajadores y empresas y que, en ningún caso, puede discurrir por los intentos de recortar derechos fundamentales, como es el caso de las propuestas incluidas en el Pacto de Competitividad de la Unión Europea. Una postura europea totalmente errónea, más cercana a los intereses de los mercados internacionales que a los de los trabajadores y ciudadanos de los países de la UE y que en el caso español no debemos imitar, puesto que sólo vendría a empeorar aún más nuestra difícil situación.

Por todo ello, desde nuestro sindicato consideramos que el proceso de diálogo bipartito, que cuenta con el compromiso y el esfuerzo de negociación de las partes, debe ser respetado de manera escrupulosa y no debe contar con ingerencias de ningún tipo. De ello dependerá el que podamos alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva que nos permita hacer frente a las modificaciones de nuestra estructura productiva, así como a los retos de descentralización, externalización y la propia globalización. Y también que mejoremos los instrumentos de flexibilidad interna y la adaptación de las condiciones de trabajo a la evolución de las condiciones económicas de las empresas sin erosionar y recortar derechos laborales.

Los agentes económicos y sociales hemos demostrado nuestra capacidad para alcanzar acuerdos en anteriores ocasiones. La tendencia abierta con la firma del Acuerdo Social y Económico debe consolidarse con un acuerdo para la reforma de la Negociación Colectiva. Con seguridad, se trata de un importante impulso social para combatir la crisis económica y para que la sociedad española recupere confianza.