La reordenación del sector público andaluz

Que la actual crisis económica y financiera esté provocando una relectura de nuestra historia económica reciente y una tendencia reformista generalizada tiene sentido, sobre todo cuando el interés colectivo de la población española, y también la andaluza, se centra en poder superar la crisis económica y una destrucción de empleo sin precedentes. Distinto es preguntarse por qué se aprovecha las crisis para plantear reformas y se obvia la necesidad de las mismas en época de crecimiento y bonanza.

La propia UGT venía demandando, incluso mucho antes del inicio de la crisis económica, la necesidad que tenía nuestro tejido productivo de cambiar, evolucionar y enfrentarse a auténticas reformas estructurales. Por eso, quien acusa de inmovilista a nuestra organización sindical en estos tiempos que corren, además de no ser fiel a la verdad, denota un interés totalmente sectario cuando menos.

Una visión reformista que para el caso del sector público ha sido una constante, cuando no un endemismo propio, y que lo hace estar, para bien o para mal, en el punto de mira no sólo de la ciudadanía que sufraga sus costes vía tributaria y es beneficiaria de los servicios públicos, sino también de los empleados públicos, los partidos políticos, los sindicatos o las propias empresas del sector privado. En el caso del futuro del sector público todo el mundo puede opinar y todo el mundo tiene opinión, pero cuidado, porque a río revuelto la ganancia para muchos se materializa en privatizaciones y externalizaciones de servicios públicos, recortes salariales o incluso despidos en el seno de la administración pública.

Y más si cabe, en estos tiempos que corren, en los que la grave problemática económica, financiera y presupuestaria que las distintas administraciones están soportando, se materializa en un interés consensuado entre nuestros gobernantes nacionales y europeos por hacer del déficit público y su reducción el principal objetivo de sus políticas, incluso por encima de la creación de empleo. Algo con lo que, y ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, no estamos de acuerdo en nuestro sindicato.

Y ha sido precisamente ante esta realidad que el Gobierno de la Junta de Andalucía planteó una reordenación del sector público que, a pesar de ser necesaria, se inició con falta de negociación y que ha exigido mucho esfuerzo para poderla reconducir.

Con la publicación, en julio, del Decreto 5/2010 sobre Reordenación del Sector Público se obviaba el diálogo y la negociación y se imponía una reforma que no garantizaba los derechos laborales y profesionales de los empleados públicos.

Aunque UGT Andalucía venía reclamando a la Junta de Andalucía, desde hacía más de 10 años, la necesidad de una reordenación del sector público andaluz como medida de incremento de la gobernanza, así como de mejora de la eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos; la reordenación, de producirse, no se podía hacer de cualquier manera. El proceso no sólo tenía que garantizar todos los derechos profesionales y laborales, así como las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Junta de Andalucía sino que también tenía que reforzar el carácter público de los servicios y de la propia administración.

La presión ejercida por UGT para que el Gobierno andaluz aceptara sus errores, en las formas pero también en el fondo de la reordenación planteada, dio lugar a la apertura de un proceso de negociación que culminó con la firma del acuerdo del 29 de octubre entre la Junta de Andalucía, CCOO y UGT.

Tras el acuerdo suscrito, la reforma del sector público andaluz refuerza un modelo de función pública de carácter público. Un paso decisivo para la consolidación pública de los servicios prestados por la administración autonómica, facilitando la transparencia y el control de los mismos.

Un acuerdo que fortalece el modelo de administración pública andaluza e impulsa la prestación de los servicios públicos desde la gestión de lo público iniciando la reversión de servicios externalizados. Una reordenación muy diferente a otras reformas del sector público planteadas en otras comunidades autónomas gobernadas por otros partidos políticos, como Galicia o Murcia, donde además de recortar derechos laborales de los empleados públicos se privatizan y externalizan servicios.

Con este acuerdo, y su traslación a la norma que regulará esta reordenación, no se perjudica a nadie en cuanto a su trabajo y profesionalidad, ni a quienes están en los entes instrumentales ni al personal laboral o funcionario de la administración general de la Junta. Nadie pierde derechos y nadie los adquiere en perjuicio de otros o al margen de la ley.

Incluso hemos propiciado ante el Gobierno de la Junta de Andalucía que, tras el acuerdo, la reordenación del sector público andaluz se tramitara como proyecto de ley en el Parlamento Andaluz. Un trámite parlamentario que consideramos una oportunidad para introducir elementos de mejora, seguridad y garantías. Una muy buena ocasión para que todas las sensibilidades del arco parlamentario o los distintos sindicatos con representación en el sector público pudieran expresar su modelo de administración y función pública andaluza.

Pero, curiosamente, ni esta circunstancia ha sido valorada positivamente por aquellos que se han posicionado en contra de la reordenación y escudados bajo asociaciones, plataformas o sindicatos corporativos han mantenido la estrategia de la descalificación, la desinformación e incluso la calumnia como únicos argumentos con los que echar por tierra lo conseguido.

Actitudes que lejos de cercenar nuestro compromiso sindical o debilitar el convencimiento que la UGT Andalucía tiene sobre los efectos positivos del acuerdo y su traslación a la recién aprobada Ley de reordenación del sector público andaluz nos confirman, que aquí , en Andalucía, se ha dado un importante paso en la defensa de la prestación de los servicios públicos desde lo público, se han garantizado derechos profesionales, laborales y condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Junta de Andalucía y se redefine un modelo de función pública que fortalece factores de redistribución de la riqueza, de eficacia productiva y de cohesión territorial y social.