La campaña de movilizaciones que se inició hace un año, denunciando las amenazas que comenzaban a plantearse contra los sistemas de protección social, se ha mantenido viva a lo largo de todo el 2010.
El cambio de política del Gobierno de España, desde una orientación expansiva que garantizaba el gasto social y la inversión productiva, a una política restrictiva, se consideró erróneo, injusto y estéril desde nuestra organización sindical dado que dinamitaba la recuperación económica, la creación de empleo de calidad y con derechos y el cambio del modelo productivo.
Tras el primer plan de ajuste, aprobado en el mes de mayo por el Gobierno, se llevaron a cabo acciones de protesta e iniciativas en contra del recorte salarial de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, los recortes en materia de atención a la dependencia y la inversión pública, así como una intensa campaña de información hacia los trabajadores y la ciudadanía en general sobre los motivos para secundar la huelga general convocada para septiembre. Un esfuerzo de movilización que no ha caído en saco roto, a pesar de la campaña de descrédito a la que se ha sometido a nuestra Organización por parte de algunos medios de comunicación.
El seguimiento de la huelga general del 29 de septiembre ha significado un importante respaldo social hacia la exigida reorientación de la política económica del Gobierno de España que debe retomar la senda del objetivo de un crecimiento económico sostenido, equilibrado, duradero y generador de empleo. El Gobierno debe reorientar su estrategia anteponiendo la lucha contra el desempleo, el mantenimiento de políticas sociales y la defensa del Estado del Bienestar a la reducción del déficit público.
Asimismo, la huelga general no puede significar, en ningún caso, un punto y aparte, sino un punto y seguido en la campaña de movilización llevada a cabo por UGT entre los trabajadores en contra de los ajustes e imposiciones regresivas y antisociales del Gobierno.
Unas movilizaciones que han vuelto a contar con la participación de los trabajadores y trabajadoras, tanto el día 15 de diciembre, coincidiendo con la 2ª Jornada de Acción Europea contra las medidas de austeridad promovidas por la UE, como las manifestaciones convocadas el sábado 18 de diciembre en donde hemos reivindicado, de manera conjunta con CCOO, la necesidad de recuperar derechos, defender el Estado Social y reforzar los sistemas de protección social, fortalecer la negociación colectiva, evitar la congelación de las pensiones para 2011 o el retraso forzoso de la edad de jubilación a los 67 años.
Propuestas sindicales que forman parte de la Proposición de Ley “Por el empleo estable y con derechos”, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que conforma la alternativa de nuestra Organización en relación con los graves problemas económicos, sociales y laborales, que padecen los trabajadores y las trabajadoras, particularmente, los jóvenes que trabajan o pretenden trabajar, y que dará una nueva oportunidad al Gobierno para corregir el grave error que le condujo a imponer las medidas que se contienen en la reforma laboral.
Si el Gobierno quiere contar con nuestro apoyo para las reformas, no puede plegarse, como lo ha hecho todo este tiempo, a los intereses de quienes han provocado y mantienen esta crisis.
Por ello, debe rectificar de manera urgente en su intención de prolongar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como en su intención de ampliar el periodo de cálculo de la cuantía de la pensión. Los problemas que atraviesa nuestra economía, en ningún caso pueden achacarse a la situación de nuestro sistema público de pensiones, que en los últimos años ha demostrado una gran fortaleza y saneamiento financiero. Volver a imponer su criterio, sin diálogo y negociación, tan sólo volverá a producir desazón y desconfianza a la opinión pública y a los pensionistas presentes y futuros.
Mayor tensión social y contundente respuesta sindical es lo que puede conllevar esta falta de diálogo y negociación para 2011 toda vez que la percepción que tienen los trabajadores y la propia ciudadanía es que la estrategia del gobierno pasa por seguir imponiendo ajustes y recortes de derechos.
Una circunstancia que en el caso de Andalucía viene a sumarse a una situación socioeconómica cada vez más difícil y complicada. Desde que empezó la crisis se han destruido 365.500 empleos, y el número de trabajadores y trabajadoras en paro se han incrementado en 664.600.
La precarización de las relaciones laborales es cada vez más evidente. De cada 100 contratos que se realizan 96 son temporales, y la tasa de paro asciende ya al 28,6%. Esta situación origina que 1 de cada 3 parados no reciba ningún tipo de prestación ni subsidio, y que existan 330.700 hogares donde todos sus miembros están en paro.
Por ello, además de la necesidad de mantener las movilizaciones ya mencionadas, en Andalucía es necesario ir más allá. Los trabajadores y trabajadoras lo exigen y el Sindicato tiene que dar una respuesta. Una respuesta sindical que complemente las actuaciones que se planifican desde el ámbito estatal, y que pasa por desarrollar un Plan de Actuación que se tiene que concretar y ejecutar en cada centro de trabajo, en cada sector, en cada territorio.
