Dentro de los esfuerzos generales por completar la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales, la Comisión Europea ha propuesto modificar el Reglamento por el que se crea la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a fin de reforzar la función de esta autoridad en la supervisión del sector financiero en relación con el blanqueo de capitales.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia global dirigida a reforzar el marco de la supervisión prudencial y supervisión en materia de blanqueo de capitales en el caso de las entidades financieras, tal como expone la Comisión. Estas medidas contribuirán al fomento de la integridad del sistema financiero de la UE, garantizando la estabilidad financiera y una protección contra la delincuencia financiera.

Funciones más amplias

La Comisión propone concentrar en la Autoridad Bancaria Europea las competencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en relación con el sector financiero y reforzar su mandato para garantizar que los riesgos del blanqueo de dinero sean supervisados de forma eficaz y coherente por parte de todas las autoridades pertinentes y que estas puedan cooperar e intercambiar información.

El Reglamento modificado:

  • garantizará una investigación coherente de las infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales: la ABE podrá solicitar a los supervisores nacionales encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales que investiguen las posibles infracciones sustanciales y exigirles que estudien medidas selectivas, tales como sanciones;
  • velar por que los supervisores nacionales encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales cumplan las normas de la UE y cooperen adecuadamente con los supervisores prudenciales; las competencias de la ABE se reforzarán de modo que, como último recurso, si las autoridades nacionales no actúan, la ABE pueda dictar decisiones directamente a los agentes del sector financiero;
  • mejorará la calidad de la supervisión mediante normas comunes, exámenes periódicos de las autoridades nacionales de supervisión y evaluaciones de riesgo;
  • facilitará la recopilación de información sobre los riesgos y las tendencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y fomentará el intercambio de esa información entre las autoridades nacionales de supervisión (los llamados «centros de datos»);
  • facilitará la cooperación con los países no pertenecientes a la UE en los casos transfronterizos;
  • creará un nuevo comité permanente que reúna a las autoridades de supervisión nacionales encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales.