La Consejería de Fomento y Vivienda ha acordado el inicio de un total de trece expedientes sancionadores contra otras tantas personas propietarias de viviendas protegidas en Andalucía por destinarlas a uso turística de forma ilegal. De estas viviendas expedientadas, dos se encuentran localizadas en la provincia de Cádiz, una en Granada, cinco en Málaga y cinco en Sevilla.
La actuación de la Administración autonómica ha sido posible gracias a la verificación de los datos de las viviendas recogidos en Inventario de Viviendas Protegidas de Andalucía con las inscritas en el Registro de Viviendas Turísticas que gestiona la Consejería de Turismo y Deporte.
Las sanciones por esta infracción pueden ser de 3.000 euros y alcanzar hasta los 30.000 euros, pero al no apreciarse circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad, en atención al daño producido a los intereses generales, la sanción propuesta en estos casos puede rondar los 10.000 euros.
