Hace tres años, en una reunión con empresarios malagueños, planteaba yo que en Andalucía estaba floreciendo una nueva realidad; una nueva Andalucía, representada por los empresarios.

Hoy por hoy, cuando se habla de la bonanza económica andaluza, de los logros alcanzados por nuestra Comunidad, no puedo por menos que plantear, como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que debe contemplarse en ellos el protagonismo de los empresarios andaluces.

Si no fuera así, probablemente no podríamos estar hablando del crecimiento continuado del Producto Interior Bruto andaluz desde 1994; no podríamos congratularnos de los datos de convergencia, o del hecho de que en nuestra comunidad autónoma se esté creando más empleo en términos relativos que en el resto de España, y se sitúe nuestra tasa de desempleo en niveles mínimos que son históricos, aunque estén todavía muy apartados de las tasas medias del resto del país y de la Unión Europea.

Todos estos datos son la prueba irrefutable de que existe una realidad empresarial pujante, moderna, dinámica y competitiva.

Cuando crecemos, y no siempre en circunstancias favorables, es porque existe realmente ese colectivo de hombres y mujeres de empresa, cada vez más amplio, que trabaja con calidad, con eficiencia y que se ha hecho un hueco por méritos propios en la competitividad de la globalización y de los mercados internacionales.

No es, además, casualidad que Andalucía sea la región española que haya experimentado un mayor incremento del tejido empresarial en los últimos diez años. Hoy existen en Andalucía más de 500.000 empresas, lo que supone unas 150.000 más que en 1995.

Esto quiere decir que la sociedad andaluza ha asumido un carácter emprendedor que hace años no tenía, y que hemos sabido trasladar a los jóvenes andaluces, -que son los que crean empresas- una imagen de referencia empresarial con posibilidades de alcanzar el éxito y la rentabilidad. En otras palabras, la empresa andaluza, cuantitativa y cualitativamente, empieza a calar en el mercado y en el reconocimiento público.

La empresa es el sustento de la economía andaluza, y ésta marcha en función de dos motores, la construcción y el turismo, que, en estos momentos, están sufriendo circunstancias que pueden ralentizar su funcionamiento.

Las empresas desarrollan su actividad en unos entornos que influyen decisivamente sobre su potencialidad y que condicionan la capacidad del tejido productivo. Entre esos entornos que influyen decisivamente en la potencialidad de las empresas destaca el marco institucional, porque la actividad de las administraciones públicas tiene una repercusión muy significativa en la capacidad competitiva del sector privado y de las empresas.

Todo lo que sea trabajar en la eficiencia de la gestión de lo público, dotar de mayor agilidad y simplicidad a los procedimientos administrativos que se requieren para el ejercicio de la actividad productiva, reduciendo el número de trámites como el tiempo de tramitación de los mismos, será siempre un factor favorable para la actividad privada.
Debe hacerse también efectiva la consideración entre el respeto al medio natural y el ejercicio empresarial. No podemos dejar de desarrollar actividades empresariales si queremos mantener el desarrollo. El desarrollo sostenible requiere de una premisa imprescindible que es el desarrollo; si no, será otro concepto, será sólo sostenibilidad, pero no será desarrollo sostenible.

Los inversores requieren dos condiciones imprescindibles: certeza económica y seguridad jurídica, que se pueden concretar en qué se puede hacer, con arreglo a qué norma y por cuánto tiempo.

Ambas condiciones nos trasladan a la necesidad de aplicar el derecho vigente por encima de criterios, que no hacen más que dotar de inseguridad a los inversores. Las Administraciones y los Gobiernos tienen el legítimo derecho de adoptar las decisiones que estimen oportunas, pero sólo existe la posibilidad de aplicar el derecho vigente. Cuando la sensibilidad y los criterios se conviertan en derecho, entonces serán aplicables, y los inversores tendrán también el legítimo derecho a actuar en función de esas o de otras circunstancias.

Es por ello imprescindible que haya claridad en los planteamientos, coordinación entre las Administraciones y que las decisiones se adopten con arreglo al derecho vigente.

Creo que esos temas tan simples serían absolutamente imprescindibles para que esa potencialidad que, en estos momentos, todos estamos convencidos que muestra la economía andaluza se convierta en poco tiempo en una realidad.