2003, Un año para promover la mentalidad emprendedora

Como cada año, la Confederación de Empresarios de Andalucía ha desarrollado durante 2003 una intensísima actividad dirigida a promover la mentalidad emprendedora y la actividad de un colectivo empresarial cada vez más amplio y dinámico.

Sin embargo, a la hora de hacer balance me gustaría incidir en uno de los aspectos sobre el que más hincapié he realizado durante estos doce meses: la necesidad de que las administraciones públicas sean objeto de una profunda reforma, a fin de que se conviertan en animadoras de la actividad económica y de la creación de empleo.

Nos avalan buenas razones para afirmar que el tiempo transcurrido desde 1978 ha sido, en su conjunto, la etapa más brillante de la historia de España y Andalucía, en términos de libertad y autogobierno, en crecimiento económico y bienestar social, en integración internacional o en materia cultural, artística y deportiva. A ello no han sido ajenas las empresas españolas, protagonistas de un singular dinamismo, tanto en el incremento de su número como en el volumen de su actividad, lo que se ha traducido en un mayor crecimiento económico y consecuente creación de empleo.

Nos encontramos, pues, en una coyuntura favorable que, para consolidarse, requeriría consagrar, de derecho y de hecho, el protagonismo de la iniciativa privada en la actividad económica, la clara separación entre lo público y lo privado, el mantenimiento de la unidad de mercado y la cohesión social en el territorio nacional.

Un futuro en el que es necesario que las administraciones públicas en general incorporen a su gestión comportamientos privados e introduzcan criterios de eficacia, competitividad y productividad.

Y actuar de acuerdo con este planteamiento exige entender que no es posible mantener un tejido empresarial moderno y competitivo que dependa de una burocracia lenta y pesada que frene iniciativas y desvanezca las ilusiones.

Es muy difícil crear un terreno abonado para que surjan nuevos empresarios si es de convencimiento general que las administraciones públicas son un muro difícil de franquear. Es difícil extender la cultura emprendedora si no se piensa en las empresas, se les facilita su desarrollo y se promueve su expansión.

Debe cambiar radicalmente el funcionamiento de las administraciones públicas en su conjunto. Hay que pasar de una administración impuesta a una administración negociada.

Una administración que no se parapete en sus derechos frente a los derechos de los ciudadanos, sino que esté realmente al servicio de éstos. Una administración que no utilice recursos legales para protegerse de los administrados. Una administración que no prorrogue plazos, enerve prescripciones y utilice silencios a su favor. Una administración no corporativista que resuelve a su favor el 95 por ciento de los recursos de reposición y pierde el 90 por ciento de los contencioso-administrativos. Una administración que no pida, por comodidad, documentos que ella misma ya posee. Una administración que no traslade al ciudadano la justificación de circunstancias que fácilmente podría realizar ella misma. Una administración en la que unos pocos funcionarios no hagan de su pequeña competencia un gran ámbito de poder, retrasando actuaciones sin tener en cuenta los costos que para la empresa y la sociedad tienen estas dilaciones. Una administración que en la era de las nuevas tecnologías y del conocimiento no utilice al máximo las posibilidades que ésta le ofrece. Una administración que, en definitiva, esté al nivel que exige el siglo XXI.

Evidentemente, lo que está en juego no es el Estado de Derecho, sino la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos y, en nuestro caso particular, la de los derechos de los empresarios.

En más de una ocasión he tenido la oportunidad de expresar la honda inquietud existente entre los empresarios ante los problemas para la puesta en marcha de sus proyectos a causa de las dificultades surgidas de la actuación administrativa.

Sería lamentable que entre futuros inversores y emprendedores pudiera calar la sensación de que iniciativas empresariales de cualquier ámbito se puedan ver frustradas por actuaciones administrativas que lleven al abandono del proyecto o a la deslocalización geográfica.

Los inversores necesitan un marco de actuación que ofrezca seguridad jurídica, claridad y estabilidad normativa y rapidez de respuesta por parte de las administraciones. ¿Qué se puede hacer? ¿por cuánto tiempo y con arreglo a qué normas? Y todo ello resuelto en plazos económicamente viables.

Las administraciones deben estar convencidas de que las empresas no son un problema, sino la piedra angular de la solución de los problemas.

Si somos capaces de afrontar estas reformas, la economía afianzará su grado de competitividad y su capacidad para crear empleo.