Escrito en colaboración con Adolfo Cristóbal, Universidad Loyola Andalucía
La reciente crisis económica y financiera, generadora de una intensísima expulsión de trabajadores de nuestro mercado de trabajo (sobre todo de ocupados temporales), puso gravemente en tela de juicio el estado de la regulación. Algunos estudiosos y reformadores se inspiraron entonces en el éxito de países como Dinamarca, promotores de un principio llamado flexicurity, que combinaba una escasa protección frente al despido con generosos subsidios al desempleo y, sobre todo, con unas eficientes e intensas políticas activas. La reforma laboral con la que se dio respuesta en España a este desafío (aprobada en 2012) puso en marcha una serie de transformaciones bien conocidas por todos, que abundaron mucho más en la flexibilización del mercado (flexi-) que en contener la precariedad y la marginación social (-curity), en parte a causa de unos recursos fiscales muy limitados.
Ya en nuestros días, el nuevo gobierno del PSOE manifestó inicialmente su voluntad de derogar la reforma liberalizadora aprobada en el año 2012. Sin embargo, ante las dificultades planteadas por la aritmética parlamentaria, se adoptó finalmente una actitud menos ambiciosa, que solo trató de intervenir para reforzar la inspección del cumplimiento de derechos, junto con la transmisión de información dentro de las políticas activas de empleo. No obstante, se habla a menudo de la necesidad de emprender reformas de calado a partir del año 2020, cuando el ejecutivo espera fortalecer su posición en las cámaras legislativas.
Basándonos en la composición actual de la población activa, podemos esperar que la posición actual de los sindicatos no varíe a este respecto, máxime cuando se está recuperando la proporción de ocupados por tiempo indefinido; y, sobre todo, cuando un cuantioso colectivo de temporales y desempleados continúan excluidos de las elecciones sindicales. Por lo tanto, la actitud racional por parte de un sindicato que aspira a ser reelegido es promover la estabilidad en el empleo de su propio electorado, en este caso compuesto mayoritariamente por trabajadores indefinidos, de edad madura y con una cualificación (solo) moderadamente adaptada a las nuevas tecnologías.
Por consiguiente, una nueva reforma liberalizadora solo puede provenir de un gobierno dispuesto a amenazar el statu quo vigente. Esto tampoco cabe esperarlo a medio plazo del ambiente electoral, a no ser que se deje sentir la presión de un 30% de potenciales trabajadores hoy inactivos, quienes podrían apoyar la posición de otro 30% de temporales y desempleados frente a los intereses de los indefinidos. Es decir, la incógnita política procede del juicio incierto de la población inactiva en edad de trabajar.
En cualquier caso, las perspectivas a medio-largo plazo para introducir reformas institucionales de calado no son halagüeñas, lo que nos lleva a pensar que los promotores diversos de nuestro crecimiento económico deberán remar en contra de las agitadas aguas del mercado laboral. Y mientras tanto, la economía se desacelera, los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan y la tasa de paro nacional supera en dos veces la media europea. Nos vamos a encontrar queriendo solucionar lo urgente y lo importante a la vez. Esto me recuerda a la famosa pelicula de Bill Murray, El día de la Marmota. Como en el 2007…
Manuel Alejandro Cardenete | Catedrático de Economía 
Vicerrector de Posgrado Universidad Loyola Andalucía
@macarflo
