La libertad es la máxima legitimidad que se requiere para ser empresario. Y este es un albedrío que está plasmado en el orden constitucional español, que es el único que impone los límites necesarios a su ejercicio. Unos márgenes que están delimitados y que tienen que ver con la protección de una serie de derechos fundamentales, que las empresas comparten y promueven.
La crisis económica mundial desencadenada a finales del año 2007 afectó de manera profunda a España y tuvo graves consecuencias en lo económico, social y empresarial. Perjudicó de forma muy negativa al conjunto del empresariado, que sufrió una etapa de gravísima recesión, en la que se generalizó la necesidad de acudir a sistemas concursales o directamente a la liquidación de muchas empresas, que aunque eran inicialmente competitivas en su producción, se vieron afectadas por el contexto general.
A esta situación ya de por si grave, se le sumó en detrimento de las empresas, un discurso demagógicamente interesado que colocaba a la actividad empresarial y a la financiera como las “culpables” de la difícil situación que se vivió durante la crisis. Un relato que era proclive a lo público y a la vez muy receloso con la actividad empresarial, con el que se pretendía poner “límites” a la libertad de empresa y a su más que destacado compromiso con el entorno.
Ante esto, solo cabe reivindicar el ejercicio de la libertad de empresa y el reconocimiento de su función social, puesto que los empresarios son la pieza clave del modelo de Estado de Bienestar, a través de su capacidad de creación de empleo y riqueza.
El progreso, el bienestar de una sociedad, está íntimamente ligado al número y tamaño de sus empresas. No existe ni un solo ejemplo de bienestar sostenido en el tiempo, en un territorio, sobre la base de un mercado totalmente público. Al contrario, son muchos los ejemplos que evidencian el deterioro económico y social que supone la estatalización de una economía, pues la falta de libre concurrencia económica conduce al empobrecimiento de los territorios e inexorablemente a la falta de libertad social.
Por tanto, es necesario alinearse con la libertad de empresa y hacerlo en la confianza de que nuestro modelo social y económico ampara y promueve una actividad empresarial responsable y socialmente comprometida. Se trata de hacer visible ese modelo y generar confianza en la sociedad.
Sin embargo, la libertad de empresa no es suficiente para que la actividad empresarial se pueda convertir en el motor de desarrollo social de Andalucía. Hace falta también certeza económica, certidumbre jurídica, desregulación y racionalización normativa, o lo que es lo mismo: “el derecho a la estabilidad institucional”, como apelábamos en el artículo que se publicó en el anterior número de Agenda de la Empresa.
Hay que procurar eliminar la inseguridad jurídica que provoca el exceso de legislación y los obstáculos burocráticos que recaen constantemente sobre las iniciativas empresariales. Es necesario generar un ecosistema estable, que anime la inversión y estimule el crecimiento, con la mínima inflación normativa para evitar que las empresas queden atrapadas en una ineficiente maraña burocrática a todas luces, innecesaria.
Andalucía necesita entornos de confianza, desde los que procurar la adaptación plena a los nuevos patrones de crecimiento económico y organización social. Se trata, en definitiva, de que la sociedad andaluza y las instituciones asuman que la empresa debe estar en el centro del debate y la toma de decisiones, con el fin de irradiar riqueza y bienestar, a través de la generación de empleo, su principal activo.
No cabe duda que los empresarios que figuran en el directorio del presente número de Agenda de la Empresa se suman, con su esfuerzo constante y diario, a este planteamiento de fomentar la libertad de empresa en una Andalucía más estable.
Javier González de Lara | Presidente de la CEA 
