El principal problema que actualmente acucia a Andalucía es la elevada tasa de desempleo, un 22,85%, 8,30 puntos por encima de la española y 3,4 veces superior a la media de la Unión Europea. Además, siguen existiendo diferencias de género, pues la tasa femenina asciende al 27,08%, 7,67 puntos más que la masculina.
Por otra parte, existen colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral como los jóvenes, los mayores de 45 años, los parados de larga duración, los inmigrantes, las personas con discapacidad o las minorías étnicas, entre otros. Finalmente, sobre el paro también influyen elementos territoriales, afectando en mayor medida a las zonas rurales y a los barrios urbanos desfavorecidos.
Por todo ello, el reto fundamental para la socioeconomía andaluza debe ser la creación de empleo y el fomento de la igualdad de oportunidades ante al empleo. Y este reto no solo exige el esfuerzo de toda la sociedad, sino especialmente una intervención pública decidida.
El nuevo gobierno autonómico que se configure tras las recientes elecciones no puede desatender sus responsabilidades dejando a las contingencias del mercado la solución a este problema, pues entonces, además de incrementar el desempleo, aumentarían las diferencias entre géneros, entre colectivos y entre territorios.
Hay que apostar por políticas de promoción económica dirigidas a la valoración de los recursos endógenos, por la diversificación productiva y por el apoyo al empresariado. Pero también es necesario implementar políticas activas de empleo que faciliten el acceso al empleo y mejoren las condiciones laborales de ciertos grupos que afrontan especiales dificultades.
En los últimos años, estas políticas públicas han sufrido un retroceso en nuestra comunidad autónoma debido esencialmente a dos factores: una intervención judicial que ha provocado la parálisis de la Administración y de los agentes sociales; y una Ley de racionalización de la Administración Pública que ha dificultado la apuesta por el desarrollo local de los Ayuntamientos. Por todo ello, 2019 debe ser un año clave para Andalucía respecto a las políticas activas de empleo. Por una parte, es primordial no aminorar recursos, aprovechando los provenientes del Estado y sobre todo de la Unión Europea. Y, por añadidura, se debe apostar por unos organismos e instrumentos eficientes que ayuden a recobrar el prestigio y la utilidad a estas políticas tan necesarias.
Hay que potenciar la Formación Profesional Dual; hay que dejar de ser la única comunidad autónoma sin convocatorias de FPE; y hay que mejorar los instrumentos que han demostrado su eficacia como la Red Andalucía Orienta, las prácticas profesionales o las escuelas taller, pero con convocatorias y recursos que primen la calidad de los proyectos presentados y la implantación en territorios con necesidades, sin que prevalezca la mera experiencia, pues entonces se beneficia solo a concretas entidades ya consolidadas.
Pero, sobre todo, es preciso apoyar a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales en sus estrategias de desarrollo transformadoras a medio y largo plazo, pues los programas que actualmente se están ejecutando como «Más 30» y «Menos 30» son a corto plazo, de emergencia social y no de empleo, sin incidir en el incremento de la empleabilidad de las personas beneficiarias.
Mario Fuentes | Economista 
