No hago ninguna revelación confidencial si afirmo que la legislatura actual corre el riesgo de quedar eclipsada por la apabullante presencia de un nuevo Estatuto de Autonomía, texto que, después de ser aprobado en las Cortes Generales, en febrero del próximo año deberán refrendar los andaluces en las urnas. Cierto es que no todos los días irrumpe en la agenda política y ciudadana la elaboración y aprobación de un nuevo Estatuto, norma que alcanzará una vigencia considerable.
Consagrada ya esta legislatura como la del Estatuto, la séptima de Andalucía en su tránsito por el Estado de las Autonomías, debo como presidente de Andalucía hacer ver que hay un trabajo de fondo que supera los límites de esta nave, que parece llevar una singladura propia. Quisiera que los árboles del Estatuto no ocultaran el bosque de una gestión sólida y ambiciosa en parcelas muy distintas.
En el Estatuto me detengo con dos pinceladas: el acceso a nuevas cotas de autogobierno para Andalucía, pero también, y lo vengo afirmando en cuantas ocasiones tengo la oportunidad, la panoplia de derechos sociales que trae consigo para el ciudadano. Es un Estatuto ambicioso en un doble ámbito, en la mejora del poder político en manos andaluzas y en el reforzamiento de las prestaciones para el ciudadano.
La posición de Andalucía es muy esperanzadora, y hasta cierto punto envidiable. Nuestra capacidad de crecimiento económico alcanzará en 2007 el decimocuarto ejercicio en que el diferencial a nuestro favor supere al del resto de la economía española y a la zona euro. La estimación prevista de crecimiento es de un 3,3% y nuestra capacidad de convergencia con la Unión Europea será de un 77% de la renta media comunitaria, mientras que la cifra de ocupados se situará en los 3,2 millones de ocupados, sobrepasando así con holgura los tres millones de personas, objetivo de la legislatura. Acabamos de conocer la cuantía del próximo Marco Comunitario de Apoyo, cuya vigencia abarcará el periodo 2007-2013, que para Andalucía supondrá la llegada de 12.616 millones de euros. Será el último gran flujo financiero procedente de Bruselas, pero venimos probando nuestra capacidad para mejorar nuestra autonomía financiera con recursos propios.
Por lo demás, en las alforjas de la gestión de la Junta de Andalucía se encuentran hitos como la constitución de la Corporación Tecnológica de Andalucía, una entidad que reúne a las principales empresas del país, a las entidades financieras y las universidades, y la aprobación del Plan Andaluz de Innovación y Modernización (PIMA), que contempla 5.680 millones de euros de inversión hasta 2010. En el ámbito sanitario contabilizamos el Banco de Líneas Celulares de Granada, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) de Sevilla, así como los Hospitales de Alta Resolución de El Toyo, Sierra de Segura, Puente Genil, Utrera y Alcaudete.
En materia de inversión en grandes obras de comunicación, está ya en marcha la ejecución de infraestructuras como los Metros de Sevilla y Málaga o la vía de alta capacidad del Eje Diagonal Intermedio Úbeda-Estepa, mientras que en el terreno urbanístico nos hemos dotado del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Al mismo tiempo, hemos ampliado las prestaciones contempladas en el Plan de Familia con el chequeo médico gratuito para mayores de 65 años, la dotación de plazas en residencias, o la gratuidad de los libros de texto para Primaria. La relación exhaustiva sería demasiado larga. En todo caso, todos estos proyectos, así como muchos otros, merecen figurar en la composición de la fotografía final de esta legislatura, aunque el papel político estelar sea para el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.
