Cuando escribo estas líneas, aún no se conocen los resultados de las elecciones del 28A, ni mucho menos se sabe la confluencia de fuerzas que pueden conformar gobierno.
UGT no ha sido imparcial en esta campaña electoral, ha apostado claramente, junto a CCOO, por un giro social que garantice que la recuperación económica y el crecimiento lleguen a las personas, no solo a las grandes empresas. La redistribución de la riqueza está en la base de nuestra Constitución, y hacerla posible es una obligación de los poderes públicos: art.31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica…”. Queremos que se mejoren esos principios con la implantación de un suelo social en la Constitución.
El giro social que necesitamos pasa por poner en marcha un nuevo modelo productivo sostenible. El desempleo sigue siendo el principal problema de España, con una EPA del 14,5% que, en Andalucía, alcanza el 21,2% en 2018. Las cifras del primer trimestre de 2019 mejoran ligeramente pero no el paro estructural, de los 805 mil parados en Andalucía, según el INEM, 388 mil son de larga o muy larga duración (más de un año, o más de dos).
Necesitamos un Plan Estratégico para la Industria. La competitividad no puede basarse en salarios bajos y contratos precarios, sino en I+D+i (al menos una inversión del 3% del PIB) y aplicación de las nuevas tecnologías. Hasta la OCDE le ha dado la razón a UGT en que la formación digital de los trabajadores es fundamental para el crecimiento. La cara más dura de la precariedad es la siniestralidad. Exigimos un sistema de salud integral de la plantilla y que se penalice duramente a quien no cumpla la ley.
En el nuevo modelo productivo es fundamental una banca pública que tenga un peso esencial en la financiación de nuevos proyectos de pymes, y para familias de rentas bajas; medidas de transición energética, en las que España podría ser líder por sus condiciones naturales, para convertirnos en una sociedad más eficiente en el uso de nuestros recursos naturales, y más justa en la lucha contra la pobreza energética. Un modelo en el que se potencie el entorno rural como motor de desarrollo y se implemente un Plan de Empleo de Regeneración y Cuidado del Entorno Natural.
Seguimos insistiendo en la derogación de las dos últimas reformas laborales, que atacaron los derechos de las personas, y especialmente la de 2012, que restó capacidad de negociación colectiva a los sindicatos. Aunque reconocemos pasos adelante en los acuerdos alcanzados con el último gobierno, que ha permitido poner en marcha medidas como la subida del SMI a 900 euros en 2019, y prevista a 1.000 en 2020.
Para volver a equilibrar las fuerzas en la negociación colectiva es fundamental que la ultraactividad de los convenios vuelva a ser indefinida; y para luchar contra la precariedad laboral, imprescindible que los convenios sectoriales predominen sobre los de empresa.
Desde UGT exigiremos medidas eficaces que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con sanciones para los que no las cumplan. Y seguiremos vigilantes en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con partidas presupuestarias para su desarrollo.
El sistema público de pensiones es sostenible, si hay voluntad para ello, y se valora la importancia social que tiene. Al igual que seguiremos defendiendo unos servicios públicos de calidad, como la base misma del estado de derecho: hay que incrementar los recursos para Sanidad, Educación, Vivienda, Protección Social y Ayuda a la Dependencia.
UGT tiende la mano al nuevo gobierno, y le ofrece sus 130 años de experiencia en la consecución de derechos, para trabajar juntos en el desarrollo económico y social de España, y en la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía, sin olvidar el carácter internacional de nuestros principios.
Carmen Castilla 
Secretaria General de UGT-A
@mc_castilla
