El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha acordado con los sindicatos y empresarios las primeras actividades que desarrollará el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, entre las que se encuentra la realización de la primera Encuesta de Condiciones de Trabajo que se realizará en la comunidad autónoma, con el objetivo de que este análisis sirva para programar nuevas actuaciones para reducir la siniestralidad laboral.
En el encuentro, al que han asistido el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo; el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero; y el secretario de Organización de UGT-Andalucía, Francisco Fernández, el consejero ha entregado a los representantes de los agentes sociales, presentes en los órganos de gobierno del Instituto, un borrador de Estatutos de funcionamiento con el que se desarrolla la Ley de Creación del organismo, aprobada por el Parlamento andaluz en diciembre del pasado año.
Antonio Fernández ha asegurado al respecto que la intención de la Consejería de Empleo es que estos estatutos entren en vigor en breve tras su publicación como Decreto en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) y con las aportaciones que realicen los interlocutores sociales.
El Instituto Andaluz de Prevención iniciará antes del verano una nueva campaña de sensibilización contra los accidentes en el trabajo dirigida a toda la sociedad, que pretende continuar con la línea seguida hasta ahora de enfatizar el drama humano que acarrea la siniestralidad. También está previsto presentar a la sociedad andaluza el Instituto a través de distintas acciones divulgativas.
Otra actividad analizada es la puesta en marcha de una red de laboratorios en todas las provincias andaluzas, y dependiente del Instituto, que desarrolle una actividad de investigación sectorial y temática de la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales. Los primeros laboratorios propuestos se enclavarían en el análisis de los nuevos riesgos psicosociales (mobing, síndrome del quemado o burnout), con ubicación en la provincia de Jaén; otro en Granada sobre I+D+I en medidas de prevención, y un tercero sobre nuevas enfermedades profesionales en la provincia de Huelva.
El nuevo Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales es un organismo autónomo que está integrado por la Junta y las principales organizaciones sindicales y empresariales. Está adscrito a la Consejería de Empleo e inicialmente cuenta con un presupuesto anual de cinco millones de euros.
Entre sus funciones figuran la realización de estudios y análisis sobre las condiciones de seguridad y salud en el mercado de trabajo andaluz; el fomento de la cultura preventiva en el colectivo de inmigrantes a través de relaciones con sus países de origen; la organización de actividades formativas y campañas divulgativas para trabajadores y empresas; la creación de foros de encuentro entre los agentes implicados en la seguridad laboral y el asesoramiento directo a los sectores productivos andaluces con mayores niveles de siniestralidad.
En cuanto a su estructura, el Instituto contará con un Consejo General, una Dirección Gerencia y un órgano de asesoramiento denominado Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. El Consejo General ejercerá la dirección del Instituto y estará presidido por la persona titular de la Consejería de Empleo. La vicepresidencia corresponderá al titular de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. En su composición figurarán 16 vocales, de los cuales ocho serán designados por la Consejería de Empleo, cuatro por las organizaciones empresariales de carácter intersectorial más representativas y otros cuatro por las principales organizaciones sindicales.
La Dirección Gerencia desarrollará la gestión técnica y su designación dependerá de la Consejería de Empleo, previa consulta con las organizaciones representadas en el Consejo General. Finalmente, el Instituto contará con una Unidad de Prevención de Riesgos Laborales cuya misión principal será la de planificar actividades de asesoramiento, información y formación en los sectores productivos con mayor siniestralidad laboral. Esta unidad contará con seis vocales repartidos a partes iguales entre la Consejería de Empleo, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
