La Declaración Institucional del Consejo de Gobierno con motivo del 28-F recoge este año el impulso autonómico que supone el nuevo Estatuto de Andalucía, repleto de nuevos derechos, nuevas competencias y nuevos instrumentos para el desarrollo y el progreso de la comunidad.
El texto subraya la necesidad de perseverar en nuestra tarea transformadora, imprescindible en un mundo en constante y hasta vertiginoso cambio, plagado de retos pero también de oportunidades . La garantía de futuro para las nuevas generaciones, añade, pasa por mantener el compromiso por Andalucía que supuso el 28-F de 1980 .
Texto íntegro:
La Declaración Institucional con motivo del XXVII Aniversario del Referéndum del 28-F
Cada año, Andalucía conmemora la fecha histórica del referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980, que permitió, contra viento y marea, el acceso de nuestra comunidad a la autonomía plena que garantiza el artículo 151 de la Constitución Española. Apenas los que entonces no supieron ver la justeza de la causa ampliamente acogida por los andaluces en su lucha por la autonomía, niegan hoy que la fuerza del aquel 28-F ha llegado hasta nuestros días con vigor, como motor de la autoestima, progreso y dignidad de los hombres y mujeres de Andalucía.
La demostración de esa fortaleza del 28-F ha sido la renovación del impulso autonómico que encarna el nuevo Estatuto de Andalucía, respaldado hace sólo unos días en las urnas y que entrará en vigor en apenas unas semanas. Un Estatuto de máximos, plenamente constitucional, repleto de nuevos derechos, nuevas competencias y nuevos instrumentos para el desarrollo y el progreso de Andalucía. Tarea de todos fue elaborarlo, y de ahí el amplísimo consenso logrado tanto en el Parlamento de Andalucía como en las Cortes Generales, como tarea de todos es aprestarnos a ponerlo en marcha, desplegando sus enormes potencialidades en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía.
Esta ambición por Andalucía recogida en nuestra nueva norma de autogobierno es a la vez reflejo de nuestra capacidad para dirigir el destino de Andalucía dentro de España y de la Unión Europea y de nuestra confianza en sostener un nuevo período de avance y bienestar, aún más profundo y más veloz que el experimentado en estos años de democracia y autonomía en los que los andaluces hemos dado lo mejor de nosotros mismos a nuestra tierra y al conjunto de los españoles.
La reforma del Estatuto forma parte del proceso de modernización y profundización del Estado de las autonomías, sin el cual, sencillamente, no se entendería el progreso intenso, equilibrado y armónico de Andalucía y España en la etapa reciente de nuestra historia. Frente a quienes consideran que el progreso de España es un juego de suma cero, en lo que unos ganan han de perderlo otros, estimamos que el Estado de las Autonomías ha supuesto una palpable demostración de todo lo contrario: que el avance de España puede y debe ser general, nunca en detrimento de unas comunidades. Fue precisamente en otras épocas, cuando cualquier singularidad era perseguida, cuando los andaluces fuimos terriblemente más desiguales que el resto de los españoles. Esa Andalucía marginada y olvidada se ha ido para siempre y no va a volver.
Por eso, sin complejo alguno, conscientes de nuestras dificultades y retos pero al tiempo orgullosos de nuestro esfuerzo y confiados en nuestras capacidades, los andaluces debemos perseverar en nuestra tarea transformadora, imprescindible en un mundo en constante y hasta vertiginoso cambio, plagado de retos pero también de oportunidades. Y frente a quienes ven en cada reforma -da igual su calado, da igual el ámbito social, político o económico en que opere— algo inútil o peligroso, la historia reciente de Andalucía nos muestra que no hay avance posible sin acometer cambios, porque son consustanciales al progreso de los pueblos. Y siempre contando con la Constitución Española no como un límite sino como una garantía de igualdad, seguridad y del marco de convivencia democrática entre todos los españoles.
Más de un cuarto de siglo después del 28-F, Andalucía tiene claro que no puede volver la cara ante los cambios que impone la sociedad del nuevo siglo, y que está transformando a pasos agigantados las costumbres, las comunicaciones, los modos de vida y de relacionarse entre los pueblos y los ciudadanos entre sí, y entre éstos y el medio natural en el que nos desenvolvemos y que debemos preservar, porque es una obligación de solidaridad con las generaciones venideras.
La vocación universal de Andalucía y el sentido común, nos imponen la obligación de aprovechar los nuevos retos y combatir, al tiempo, las desigualdades e injusticias, así como conjurar los riesgos que los nuevos tiempos presenten para Andalucía. Entre esos efectos indeseables de la globalización, que conviven junto a otros más beneficiosos para todos, se encuentran fenómenos como la deslocalización. En este sentido, la Junta de Andalucía, segura de compartir este sentir con el conjunto de los andaluces, quiere mostrar su más profunda solidaridad y compromiso con los trabajadores de la Bahía de Cádiz y con todo su sector industrial, para respaldarles en su justa lucha por el empleo en unos momentos difíciles.
Estamos seguros de que si mantenemos el tesón y el compromiso por Andalucía que supuso el 28-F de 1980, y que tantos tan indiscutibles frutos no ha proporcionado, nuestro futuro y el de las nuevas generaciones de andaluces será mejor.
