La empresa de componentes de automóvl Delphi ha anunciado a los representantes de los trabajadores que cierra su factoría de Puerto Real debido a las pérdidas operativvas que ha tenido en los últimos cinco años.

El anuncio de la empresa se produce tras meses de incetidumbre sobre el futuro de esta empresa causada por la situación de quiebra en la que se encuentra su matriz estadounidense desde octubre de 2005. El anuncio de Delphi supondría la pérdida de más de 1.500 empleos directos en la Bahía de Cádiz.

Ante el anuncio hecho por la compañía la Junta de Andalucía ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su voluntad de defender los puestos de trabajo desde el diálogo permanente con los representantes de los trabajadores.

La Junta considera que se trata de una decisión que puede causar un gravísimo impacto en la Bahía de Cádiz, no sólo por la afectación a un número importante de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, sino también desde el punto de vista industrial, de servicios, etc. y en definitiva puede tener consecuencias económicas en el conjunto de municipios que componen la zona y otros limítrofes.

Además, esta decisión no ha sido objeto de comunicación a la Junta de Andalucía, lo que supone, no ya el desprecio a las elementales normas de cortesía, sino el incumplimiento de los deberes que la legislación española exige en dichas circunstancias.

Por todo ello, y como ya conocen tanto la representación legal de los trabajadores, a través de su comité de empresa, como las centrales sindicales presentes en la misma, la Junta de Andalucía reitera su apuesta inquebrantable en favor del tejido productivo de la Bahía de Cádiz, y en particular, por sectores que tienen un carácter estratégico en la misma. Así lo ha demostrado en todo momento.

De acuerdo con la legalidad vigente, la Junta va a exigir a la empresa un comportamiento ajustado a la misma, garantizando el respeto a los derechos que la Ley atribuye a los trabajadores así como el cumplimiento de los compromisos suscritos con los mismos, y en consecuencia, que se mantenga la actividad productiva y el nivel del empleo.

En caso contrario, por la Junta de Andalucía se adoptarán, de acuerdo con los representantes de los trabajadores, todas aquellas medidas legales, administrativas y de cualquier índole y ante todas las instancias en las que se considere oportuno, que garanticen el respeto escrupuloso de los mencionados derechos, y en particular el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo.

Desde el Gobierno andaluz se hace, además, un llamamiento al diálogo permanente como la herramienta fundamental que posibilite la mejor solución a esta situación.