Hasta agosto de 2019, el Estado ha registrado un déficit de 14.937 millones, equivalente al 1,20% del PIB, ratio inferior en 0,35 puntos al nivel del año anterior. Esta cifra es el resultado de unos ingresos que aumentan un 4,4% interanual mientras que los gastos se incrementan un 1,2% en ese periodo.
El superávit primario del Estado, que excluye el gasto por intereses, se situó en el 0,16% del PIB.
Por su parte, en los primeros siete meses del año, el déficit consolidado de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, es de 25.233 millones, equivalente al 2,02% del PIB. Esta cifra excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, que a finales de julio es positivo por importe de 43 millones.
Hay que tener en cuenta que el dato todavía no es homogéneo porque el impacto de la revalorización de las pensiones y el sueldo de los funcionarios el año pasado no se produjo hasta después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en julio.
La administración central registró un déficit de 16.332 millones a finales de julio, excluida la ayuda financiera, lo que equivale al 1,31% del PIB, frente al 1,62% registrado en el mismo periodo del año anterior.
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit del 0,47% del PIB. Los recursos se han incrementado 5,5%, destacando el fuerte incremento de las cotizaciones del 8,1%. Por su parte los empleos aumentan un 7,3%, motivado fundamentalmente por el incremento de las transferencias sociales distintas de las transferencias sociales en especie, que crecen hasta julio un 6,1%.
A finales del mes de julio, las comunidades autónomas presentan un déficit de 3.090 millones, lo que equivale al 0,25% del PIB. Esta evolución se debe a un crecimiento de los recursos del 3,2% frente a un aumento del gasto del 6,2%. Cabe señalar que, tanto en el caso de los ingresos como en los gastos, las cifras que se están comparando no son homogéneas.
