El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la Competencia en Andalucía. Esta norma, elaborada por la Consejería de Economía y Hacienda, regulará por primera vez en la comunidad autónoma los procedimientos y los órganos encargados de garantizar que el funcionamiento de los mercados no vaya en contra de los intereses generales y, en su caso, subsanar sus deficiencias en relación con el equilibrio del sistema de precios.
La futura ley incidirá en objetivos básicos de la política económica del Gobierno andaluz, como son el impulso a la productividad, el estímulo a la innovación empresarial, la moderación de las tasas de inflación y la internacionalización mediante la ganancia de competitividad.

Como principal novedad, el texto establece la creación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, que ejercerá como una autoridad única e independiente a la cual podrán acudir los ciudadanos y las empresas interesadas.
Este organismo autónomo estará integrado en las redes nacional y europea de defensa de la competencia, por lo que actuará en coordinación con las autoridades estatales y comunitarias. Sus funciones se centrarán en perseguir -de oficio o a instancia de parte- prácticas anticompetitivas como las derivadas de abusos de posición dominante, establecimiento de barreras de entrada y acuerdos entre empresas para fijar precios y cuotas de producción o de mercado.

La Agencia, al frente de la cual estará un director-gerente, sustentará su labor en tres órganos: el Departamento de Investigación y Defensa de la Competencia, encargado de instruir los expedientes; el Consejo de Defensa de la Competencia, al que corresponderán las atribuciones de resolución, y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia.

El Consejo estará constituido por tres miembros (un presidente y dos vocales) nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta del consejero de Economía y Hacienda entre juristas y economistas de reconocido prestigio. La duración de sus mandatos será de cinco años, renovables por una sola vez.

Con la aprobación de la ley, Andalucía será la primera comunidad autónoma que se integre en el nuevo sistema nacional de defensa de la competencia previsto por el Gobierno central en la reforma legislativa que actualmente tramita.

En el marco de este sistema, las decisiones de la agencia andaluza agotarán la vía administrativa siempre que las prácticas irregulares denunciadas no tengan efecto más allá del ámbito autonómico. Por su parte, las administraciones estatal y comunitaria seguirán haciéndose cargo de aspectos como las ayudas públicas a empresas en crisis o las fusiones y ofertas de adquisición de acciones.

Para la elaboración del proyecto de ley, la Consejería de Economía y Hacienda ha recabado la opinión de más de 80 entidades, asociaciones y entidades, entre ellas las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias, el Consejo de Consumidores y Usuarios y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, señaló que la nueva ley pretende hacer más transparente las reglas de juego del mercado y la formación de los precios . El objetivo es corregir los fallos del mercado para proteger a los consumidores y garantizar la competitividad de las empresas andaluzas , concluyó.