Seis más que en el mismo periodo de 2018
Hasta el mes de octubre de 2019 se han producido un total de 1.145.966 accidentes laborales y se han registrado 578 trabajadores fallecidos en accidente de trabajo, seis más que los registrados hasta octubre de 2018. De los fallecidos, 516 eran trabajadores asalariados (las muertes entre asalariados descienden en un 7,4%) y 62 eran trabajadores por cuenta propia.
El mayor número de fallecimientos de asalariados ocurridos durante la jornada laboral se produjo en el sector servicios con 191 muertes (disminuyen un 19%, respecto al mismo periodo del año anterior), seguido de la construcción con 87 (aumentan un 14,5%) y el sector agrario con 32 fallecimientos.
Por otra parte, las causas más frecuentes de muerte por accidente laboral son los infartos y derrames cerebrales con 172 fallecimientos y los accidentes de tráfico con 179.
Enfermedades profesionales
Por su parte, las enfermedades profesionales registradas hasta noviembre ascienden hasta las 25.503, un 13,28% más que las registradas hasta el mes de noviembre de 2018. Del total, 13.371 no causaron la baja del trabajador, mientras que 12.132 sí que causaron baja. El 52% de las enfermedades profesionales registradas se dieron entre mujeres.
El 85% de las enfermedades profesionales se enmarcan dentro del Grupo 2 “Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos”, entre las que se encuentran las patologías asociadas a los trastornos musculo esqueléticos.
“Otro aspecto que merece la pena destacar es el escasísimo reconocimiento de aquellas enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos y que están encuadradas dentro del Grupo 6 de la clasificación. Hasta el mes de noviembre de 2019, únicamente han sido registradas 53 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, de las cuales 31 fueron provocadas por el amianto”, apuntan desde UGT.
Ante estos datos desde el sindicato demandan la actualización del listado de enfermedades profesionales incluyendo aquellas enfermedades asociadas a los factores de riesgos nuevos y emergentes, como los de origen psicosocial; impulsar el estudio de las enfermedades profesionales emergentes; potenciar la investigación sobre los distintos cánceres de origen laboral; actuaciones “contundentes de los poderes públicos respecto de la infradeclaración de los cánceres de origen profesional”; establecer “ya” el Fondo Estatal de Indemnización a las Víctimas del Amianto; la inclusión de los trastornos mentales y del comportamiento en el cuadro de enfermedades profesionales español; la aprobación de una Directiva Comunitaria que regule la prevención del estrés laboral, así como del resto de riesgos psicosociales, y el desarrollo de la figura del delegado de prevención a nivel también sectorial y territorial.
