La Ley de Protección de Datos entró en vigor en 1999 y desde entonces, una Agencia Estatal se encarga de registrar el alta de obligado cumplimiento de todas las empresas, entidades y asociaciones que manejen en el día a día de su producción información de carácter personal de sus clientes, empleados o proveedores. De igual forma, también detecta el incumplimiento de dicha Ley e impone las cuantiosas sanciones que pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros por lo que se considera una violación de un derecho constitucionalmente reconocido, como es el de preservar la intimidad de las personas.
Siete años después se sabe que el nivel de adaptación de la empresa en España es aún muy bajo, por lo que desde la Agencia Española de Protección de Datos se anuncia la elaboración inminente de un reglamento que desarrolle y concrete la Ley, así como la puesta en marcha de agencias en cada una de las comunidades autónomas, que se encarguen de controlar territorialmente su cumplimiento.
Consciente de esa realidad, la Cámara de Comercio de Sevilla, con la colaboración de Ascèndia Reingeniería & Consulting, (consultora especializada en seguridad en la información y protección de datos) organiza una jornada en la que dicha empresa presenta un informe descriptivo de la realidad de adaptación de la empresa sevillana. De entrada, este estudio revela que sólo 4.000 de las 104.000 firmas que facturan en Sevilla, tienen dados de alta los datos de carácter personal en el Registro de Protección.
