La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha aprobado 77,7 millones de euros para 1.215 proyectos empresariales repartidos entre los programas de I+D+I, Creación, Modernización, Cooperación y Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme (PCCP). La totalidad de los incentivos aprobados han apoyado una inversión privada de 347 millones de euros y la creación de más de 2.700 empleos.
La distribución de incentivos por cada una de las líneas de la Orden ha sido la siguiente: un 52,18% se han dirigido a la modernización de empresas; un 23,44% a la creación de nuevas empresas; un 15,70% a I+D+i; un 8,33% al PCCP y un 0,39% a la cooperación empresarial.
Por tipo de instrumento empleado, cabe destacar que el 87% son incentivos a fondo perdido y el 13% corresponden ha bonificaciones de tipos de interés, incentivos reembolsables y préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En cifras globales el 87,34% de los incentivos empresariales aprobados corresponden a los de innovación (I+D+i, innovación, innovación tecnológica, innovación de procesos) y representan el 21,56% de los proyectos aprobados. Si a estos datos se agregan los proyectos TIC s, las cifras se elevan hasta el 91,82% de los incentivos y al 41,89% de los proyectos.
En cuanto al impacto en los diferentes sectores, los incentivos aprobados se concentran sobre todo en el industrial (65,73% de los incentivos), destacando entre los subsectores la fabricación de minerales no metálicos (29,43%); la industria de equipo eléctrico, electrónico y óptico (16%); la de alimentación, bebidas y tabaco (11,45%); y la industria química (8,55%). El sector servicios recibió el 34,27% restante de los incentivos
Cambio cultural en el tejido empresarial andaluz
La Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y Desarrollo Empresarial de Andalucía responde a la necesidad de generar un cambio cultural del tejido empresarial andaluz apoyado en la concepción de la innovación como pilar sobre el que apoyar el crecimiento y la competitividad, y como preparación para el nuevo marco comunitario y el VII Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea, que destinará el 75% de su dotación inicial (4.200 millones de euros) las pymes.
Este cambio es la clave para que el empresariado de la comunidad compita desde la mejor posición en una economía marcada por la globalización y la sociedad de la información.
La Orden de Incentivos comienza su andadura en mayo de 2005 en el marco de un conjunto de políticas e instrumentos cuyo objetivo es el fortalecimiento del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, todo ello bajo una estrategia compartida de cambio estructural de la sociedad andaluza recogida en el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA).
Este nuevo instrumento aporta una serie de novedades muy destacadas respecto a la solicitud, tramitación y realización de los incentivos, si bien, su novedad fundamental radica en el cambio de filosofía que aporta a la gestión de los fondos destinados al apoyo del tejido empresarial andaluz.
Ante todo se sustituye el concepto de subvención por el de incentivo, ya que el apoyo que se presta a las empresas no lo es tanto para solventar problemas de capacidad financiera de los promotores sino para orientar las inversiones en una dirección determinada: el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas y organismos de investigación.
En este sentido, destacan los cuatro tipos de proyectos incentivables que fija la Orden: Creación de Empresa, Modernización, Cooperación competitiva e I+D+I, si bien dentro de cada tipología los incentivos alcanzan sus cuantías máximas para iniciativas que incorporen elementos de innovación, se apoya de manera muy específica la cooperación interempresarial, la creación de empresas de base tecnológica, se priorizan los sectores estratégicos (TIC´s, Biotecnología, Aeronáutica, Metalmecánico, Agroindustrial, sectores emergentes, industrias culturales, sector energético y medioambiental) y se favorece la investigación aplicada y la transferencia de tecnología.
Otra de las características más reseñable de la nueva normativa es su carácter selectivo. Su objetivo es incentivar todo aquello que aporte valor añadido sobre lo que existe, es decir, que introduzca innovación, que minimice las debilidades y favorezca las oportunidades del tejido empresarial andaluz.
Sobre el aspecto administrativo, destaca que la orden, fruto del consenso entre los Agentes Económicos y Sociales de la Comunidad, simplifica tantos los procesos de tramitación como los tiempos. La norma aglutina las 15 disposiciones normativas que hasta el momento regulaban la concesión de incentivos a los conceptos antes mencionados; se ha establecido una entrada única para todas las solicitudes, un único órgano gestor (la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA) y un único procedimiento general de tramitación, gestión, resolución y abono de los incentivos absolutamente digitalizado (con lo que además se introduce tanto a la Administración como a las empresas en la Sociedad de la Información) y con plazos muy reducidos (plazo máximo de respuesta de tres meses y un plazo concreto de pago).
