El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha afirmado que la Junta de Andalucía “no admite portazos patronales fuera de la ley”, en relación al anuncio de cierre de la empresa Delphi, ubicada en Puerto Real (Cádiz).
Zarrías señaló que con la reunión que la empresa ha mantenido con los representantes de los trabajadores de la factoría y con la administración andaluza, “empieza por fin a hacer lo que, como mínimo, tendría que haber hecho desde el principio: dar explicaciones, ofrecer información y empezar a responder a las muchas, a las muchísimas preguntas que sindicatos y Junta de Andalucía tienen que hacerle sobre sus intenciones”.
El consejero explicó que el Gobierno andaluz está haciendo aquello a lo que se comprometió desde el principio y aquello que le encomendó la semana pasada el Parlamento de Andalucía en la proposición no de ley aprobada por unanimidad: actuar de forma coordinada con el Gobierno central y con los representantes de los trabajadores para garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo.
“Que nadie piense que se trata de una tarea fácil. Que nadie piense tampoco que vamos a arrojar jamás la toalla. Es complicado, desde luego, pero creemos que es posible encontrar soluciones, y en la búsqueda de esas soluciones estamos movilizando todos nuestros esfuerzos en contacto con el Gobierno español y con el propio sector de automoción”, añadió.
El consejero de la Presidencia detalló que la Junta está trabajando con discreción, estudiando posibilidades, analizando escenarios, revisando expedientes, estableciendo contactos, formulando estrategias, buscando alianzas, preparando iniciativas… “Pero toda esa tarea que estamos desarrollando exige, por el momento, discreción y prudencia. Ahora mismo estamos mucho más en el momento de trabajar que el momento de hablar”, apuntó.
A juicio de Zarrías, las pretensiones “iniciales” de la empresa de cierre unilateral y “al margen de la legislación europea, española y andaluza” son unas pretensiones “inadmisibles” desde todos los puntos de vista.
“La Junta de Andalucía no admite portazos patronales fuera de la ley. Y nos consta que el Gobierno de España tampoco los admite”, aseveró. El titular de la Presidencia, aseguró que la administración autonómica entiende que puedan existir problemas en una empresa y está dispuestos a colaborar con ella en la búsqueda de soluciones industrialmente viables, pero la Junta de Andalucía “no admite ni una sola burla a la legislación laboral e industrial. Ni una sola”.
“Las cuentas, los datos, la gestión de las ayudas, los balances: todo eso tiene que estar encima de la mesa. No lo exigimos nosotros, lo exige la propia legislación”, añadió. “Quien pretenda burlar esa legislación, quien intente saltarse las normas y atropellar las leyes laborales nos tendrá enfrente. Con las leyes y con los procedimientos no se juega. Como tampoco se juega con el pan de la gente. Es importante que todo el mundo tenga esto muy claro”, advirtió.
