Aunque sentirse “con el agua al cuello” comience a ser una sensación que se percibe como natural o normal en la gran mayoría de la sociedad, no debería serlo. Aunque la percepción de angustia, irritación, consternación e indignación sea una constante en nuestras vidas, para algunos más que para otros, no podemos, ni debemos, asumirlo como un plan prefijado. Aunque la losa que sentimos sobre nuestras espaldas nos oprima, en ningún caso deberíamos asumir que la perspectiva es empeorar. Tener trabajo empieza a ser un sueño para quien está parado y un privilegio para quien lo mantiene.

Sin trabajo no hay vida plena y necesitamos cambiar la tendencia.

Tenemos que promover y exigir a nuestros gobernantes, y en esto la sociedad española y andaluza deben ser inflexibles, las condiciones para promover la generación de empleo. Necesitamos crecimiento económico y empleo. Pero también necesitamos ser rigurosos y serios en los planteamientos para alcanzarlos. Una exigencia que debe venir de nosotros mismos y que vendrá de parte de nuestros socios europeos.

Los hechos son tozudos. El paro esta formando parte del paisaje. El goteo mensual aumenta y ya hay casi medio millón de desempleados más que cuando el PP accedió al poder. Y el resto de empleos están envueltos de una sensación poco amistosa… están pendientes de un hilo. Entre quienes aún tienen trabajo cada vez son más quienes viven con la sensación de encontrarse en riesgo permanente de perder el empleo.

Pero, hasta ahora, nada de lo que se dice o hace en nombre del empleo en España está sirviendo. La reforma laboral promovida por el Gobierno Rajoy lamina derechos laborales, precariza el empleo y promueve la bajada de salarios, además de desactivar la aplicación de la negociación colectiva. Una reforma del mercado de trabajo que pretende ser la punta de lanza para la consecución de una economía basada en la flexibilidad y en la falta de tutela. Se promueven objetivos de política económica, como el control del déficit presupuestario y la consolidación fiscal con una intensidad en su aplicación que destrozan cualquier atisbo de crecimiento, devalúan las políticas de bienestar e impulsan una fractura social sin precedentes.

Sólo los poderes económicos y las élites que los representan se están librando de la acción impuesta de recortes y ajustes. La “senda de los elefantes” marca el desmantelamiento de derechos laborales, sociales y de las políticas de bienestar como único camino. Consolidar y dar mayor profundidad al mercado es el propósito final.

Y mientras esto ocurre la percepción de equilibrio en la toma de decisiones de los que nos gobiernan y la aplicación de sus políticas desaparecen, aunque muchos se pregunten si alguna vez existieron. Un síntoma inequívoco de la grave involución ideológica y democrática a la que se está sometiendo a la sociedad.

Sin ir más lejos, el recorte presupuestario que planteó el Gobierno del presidente Rajoy, para 2012, se cuantificó, en el caso de las políticas activas de empleo, en un 56,9%. Un tijeretazo a acciones encaminadas a la orientación, el fomento de la empleabilidad y la formación de desempleados y trabajadores. En resumidas cuentas, a herramientas que son fundamentales para la búsqueda de trabajo y la mejora del empleo y a sabiendas de que nos encontramos en un momento donde la formación para toda la vida, como exigencia de la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos inmersos, requiere de compromiso cierto por parte de las instituciones públicas y de los propios gobernantes.

Lo que demuestra, una vez más, que una cosa es predicar y otra, muy distinta, es dar trigo. En el caso concreto de la ministra Fátima Bañez,  mucho más. Porque no es posible que caiga en saco roto la verdadera realidad del empleo y las condiciones de trabajo que se están imponiendo en nuestro país -a base de construir una realidad envenenada con un discurso cainita- y no exista ningún tipo de consecuencia política por ello. Podemos llegar a los seis millones de desempleados en este país cuando todavía no existe un planteamiento serio sobre qué y cómo hacer para cambiar la tendencia.

La principal obligación de la ministra de Trabajo es promover la generación de empleo y no defender una reforma laboral que no sirve. La mayor urgencia de su departamento tendría que ser pilotar un gran plan por el empleo en nuestro país. Pero no es así. Su obsesión es qué hacer para que cuadren las cuentas públicas aunque ello implique una desafección brutal hacia el problema del desempleo, hacia la amenaza permanente de despido o la destrucción masiva de empleo. Y la fractura social que esto produce… no tiene precedente.

A pesar de lo cual, debemos ser conscientes de que es factible cambiar la tendencia. Es posible porque lo que estamos viviendo en España es fruto de una visión política de las cosas y de un evidente enfoque que tiene a los trabajadores, a los desempleados, a los pensionistas, a los estudiantes, incluso a los enfermos, como elementos esenciales para salir de la crisis. El planteamiento: despojarlos de derechos y rentas, de salarios, prestaciones sociales y un largo etcétera. Hacerles pagar la crisis, en definitiva.

Frente a esta visión, existe otra radicalmente diferente. Otra que trata de equilibrar las decisiones y los esfuerzos individuales y colectivos. Otra que obliga a los más poderosos económicamente a retratarse y a remar en la misma dirección que el resto. Una idea que se está poniendo en práctica en otros países y que se sustenta en el reparto de sacrificios  (el último país en ponerlo en práctica ha sido Francia) y en una acción planificada de lo público, desde lo público.

Un propósito que requiere, sin ningún género de dudas, situar el valor del trabajo y la generación de empleo como principal objetivo económico de todos los gobiernos. Lo que exige medidas de acompañamiento entre las que deberían destacar la realización de planes de empleos públicos, la persecución del fraude laboral, el hostigamiento a los delitos fiscales, la no aplicación de ningún tipo de amnistía fiscal, la vertebración de un sistema tributario específico para el sistema financiero, las grandes fortunas (incluidas las SICAV) y las transacciones financieras especulativas, el desarrollo de políticas de inversión pública que promuevan el empleo, la preservación de los derechos sociales manteniendo los servicios públicos fundamentales (evitando su privatización) o la generación de una banca pública que promueva y facilite el crédito entre micropymes, pymes, autónomos y familias.

Actuaciones fundamentales que deberían  ponerse en práctica junto con una necesaria participación democrática de la ciudadanía y las organizaciones que la representan en la toma de decisiones. Frente a la imposición de medidas y políticas económicas, debería promoverse el diálogo, la negociación y en su caso, el acuerdo.

Ese cambio sería el primer paso para reafirmar nuestra condición de ciudadanos libres y con derechos frente a la sumisión, el miedo y la incertidumbre ante el devenir futuro.

Un paso que nos ayudaría a situar el valor del trabajo en el centro de nuestra sociedad.

Manuel Pastrana Casado

Secretario General de UGT de Andalucía