Ante las tasas de desempleo que estamos padeciendo actualmente tanto en España (19,79%), como en Andalucía (28,55%); se hace imprescindible una apuesta de la sociedad en general y la Administración Pública en particular por las políticas activas de empleo.

Ya que en la situación actual, el mercado por si sólo no puede asumir la creación de empleo. En este sentido, creo que entre otros retos las políticas activas de empleo se deben de afrontar con una financiación suficiente, unida a una gestión eficaz.

En tiempos de ajustes y adelgazamiento del gasto público no debemos caer en la tentación de disminuir la financiación necesaria para luchar por la eliminación de uno de los principales problemas que padece nuestra socioeconomía, como es el desajuste entre la demanda y la oferta del mercado de trabajo. Además el reto de la competitividad y las reformas estructurales, llevan asociadas necesariamente la adaptación constante de una mano de obra a los cambios del mercado de trabajo.

Lo que sí es cierto es que estas políticas deben de ser asumidas desde una gestión más eficaz y eficiente; y teniendo en cuenta la evaluación continua de las mismas. En este sentido me gustaría recodar las palabras de Gaelle que ya argumentaba en 1999 que “la evaluación de las políticas activas de empleo no se han implementado de forma sistemática, sino más bien de forma aleatoria y centrada en aspectos concretos, en función del contexto político e institucional del país en cuestión o de la Administración que ha implementado las mencionadas políticas, sin que pueda encontrarse una asociación entre los fondos destinados a políticas activas en el mercado de trabajo y la evaluación de las mismas”. Yo pienso, que actualmente en el 2011 estas palabras siguen teniendo desgraciadamente plena actualidad.

La Administración Autonómica andaluza tiene transferidas las competencias sobre las políticas activas de empleo. Pero la misma no posee poder recaudatorio y por lo tanto necesita de las transferencias de la Administración Central.

Además estos fondos, deben de dar más posibilidades a la Administración Autonómica, para conseguir dentro del principio de adiccionalidad, más Fondos Estructurales Europeos.

Pero si hablamos de falta de recursos, de todos es sabido que la Administración que ha asumido con más voluntarismo que medios las políticas de desarrollo en general y de empleo en particular, es la Administración Local.

Si uno de los principales argumentos que se esgrimió para las trasferencias de las políticas activas de empleo fue el incremento de la eficacia cuando éstas son gestionadas por una Administración más cercana a los administrados y que se tengan en cuenta las particularidades del mercado laboral del territorio, el Gobierno Andaluz no puede caer en la tentación de cambiar el centralismo estatal por el centralismo regional.

Se hacen necesaria una segunda transferencia coordinada de políticas activas de empleo y de recursos a las Administraciones Locales.

El desempleo es el principal problema de la socioeconomía andaluza. Es por ello, que las políticas activas de empleo deben de llevarse a cabo con la máxima diligencia y efectividad, afrontando el reto de su consolidación y ampliación con la esperanza de que algún día dejen de ser necesarias.