La situación económica y social actual de la economía española parece que no invita al optimismo. Por una parte, los principales organismos internacionales como la OCDE pronostica que España será de los únicos países desarrollados con un crecimiento negativo para el 2010. Y por otra, nuestra tasa de desempleo es muy flexible al alza y muy rígida a la baja. Es decir, necesitamos más crecimiento económico que los demás para poder crear empleo. Y, sin embargo, destruimos empleo con más facilidad que los demás. De hecho, el Instituto de Estudios Económicos pronostica que la Tasa de Desempleo española será la más alta de la Unión Europea (EU27), llegando incluso al 20% y superando a Lituania que todavía en el líder en este triste ranking.
Ante ésta situación, se hacen urgentes reformas estructurales y sobre todo en el mercado laboral que haga más flexible al alza nuestra tasa de desempleo, así como que nos ayude por fin a salir de la depresión en la que nos encontramos. Por supuesto esta reforma queramos o no va a suponer un esfuerzo para todo el mundo: trabajadores y trabajadoras, personas desempleadas y empresariado. Se trata de tener una visión de sacrificio presente para poder ganar en el futuro y que todos y todas tengamos que arrimar el hombro.
Pero todos, es todos, y ahí se incluye a la Administración Pública, que es la que debe de liderar el acercamiento de posturas entre los intereses particulares de los agentes económicos y sociales; así como velar por el interés social. Pero aparte de esta labor, o para poder realizarla con eficacia, también debe de tener una mirada prospectiva hacia su interior y exigirse esas exigencias que se le pide al resto de la sociedad, realizando un esfuerzo principalmente en tres sentidos.
Uno, el de la austeridad. Hay que eliminar en lo máximo posible los gastos corrientes, ser más escrupulosos en el cumplimiento de los procedimientos administrativos y más cuidadosos con ciertas prebendas que aparte de suponer actualmente un despilfarro económico dan un mensaje muy negativo a la sociedad.
Otro es el de la productividad, hay que modernizar, informatizar y mejorar los procesos, hay que fijar las retribuciones salariales lo más posibles en función de la productividad y formar y motivar a un personal que en ocasiones es muy inmovilista. Y finalmente, buscar una mejor organización y optimización de los recursos humanos y materiales disponibles.
Y finalmente, predicar con el ejemplo en el cumplimiento de los acuerdos y la legislación. Es la Administración el principal nicho de inestabilidad laboral de la economía española. Se crean y siguen existiendo una cantidad importante de plazas eternamente interinas, opositores que llevan más de dos años esperando el resultado definitivo de sus oposiciones. Y gran número de personal laboral temporal en una situación legal muy comprometida. Sobre todo ese personal que trabaja por programas que precisamente es el que se dedica a la atención de los colectivos que más están sufriendo esta crisis laboral. En la última Reforma Laboral (RD 5/2006) se contempló que el personal laboral de la Administración al igual que el afectado en el sector privado iba a estar sujeto a la conversión de contratos indefinidos por concatenación de contratos temporales. Y sin embargo, la Administración está buscando todos los subterfugios posibles para evitar el cumplimiento de esta norma, entrando incluso en la ilegalidad, que sin embargo exige con severidad a otros empleadores.
