Ayer tuvo lugar, en la sede del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla, el desayuno de trabajo en el que una decena de empresas de Andalucía debatieron sobre el papel de las personas con discapacidad en las organizaciones y el compromiso de éstas en su integración laboral.
En la jornada, organizada por la Fundación Adecco y el Instituto Internacional San Telmo, participaron los responsables de recursos humanos de Adecco, Novembal Embalajes Plásticos, Martín Casillas, Cecofar, Cobre Las Cruces, Persán, Atlantic Copper, Balumba, Destilaciones Bordas Chinchurreta o El Corte Inglés.
Aunque con diferentes matices, todos los ponentes coincidieron en la necesidad fundamental de que se mantenga el marco jurídico para fomentar la integración laboral de personas con discapacidad, ya que el 62% de las empresas que las contratan, lo hacen por imperativo legal. A la vista de los datos, los participantes en el grupo de trabajo, concluyen que resulta ineludible realizar una intensa labor de sensibilización en el entorno empresarial, para que los responsables de recursos humanos de las compañías que operan en Andalucía, puedan eliminar todas las barreras psicológicas y sociales a la contratación de personas con discapacidad. Ante esta situación, el tejido empresarial demanda también asesoramiento e información por parte de la Administración o bien de otras instituciones.
Para Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, tras 30 años de legislación sólo una de cada 30 empresas cumplen con la Ley. Se hace necesario introducir medidas de carácter transversal y cualitativo en paralelo a la formación y al empleo, que normalicen y posibiliten una mejor y más sostenible integración laboral de las personas con discapacidad.
Durante la mañana, también se coincidió en que resulta más sostenible y recomendable la integración en la empresa normalizada, es decir, que el CEE es un paso previo y como transición de las personas con discapacidad a la empresa ordinaria, que ayude a profesionalizar a la persona con discapacidad, que en muchos casos carece de formación necesaria para ese salto. Para que esto sea así, la red empresarial establecida en Andalucía, cree que es necesario realizar un mayor seguimiento del cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), ya que, el incumplimiento de la cuota puede dar lugar a una sanción grave, con una multa de hasta 6.450€ y además la perdida automática de ayudas derivadas de la aplicación de programas de empleo, por un periodo de 2 años. Además con la posibilidad de no poder contratar con el sector público según el Art. 60 1.C del texto refundido de la Ley de contratos del sector público (RD 3/2011, del 14 de noviembre).
