La reforma de las producciones mediterráneas acordada en el Consejo extraordinario de Ministros de Agricultura celebrado en Luxemburgo será finalmente menos negativa de lo esperado, al menos en algodón y aceite de oliva, según ha podido informar la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-A).
Respecto al primer cultivo, España ha conseguido garantizar la viabilidad para 70.000 hectáreas de superficie, tras las modificaciones introducidas en la tarde del 26 de abril, en Bruselas por el Comité Especial de Agricultura (CEA). Según ha explicado el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, si finalmente se ratifican los acuerdos en el próximo Consejo de Ministros sectorial, quedaría garantizado el mantenimiento del 85 por ciento del cultivo de algodón. Y todo, a pesar del pesimismo inicial compartido por todo el sector, puesto que, según ha recordado Rodríguez, tras conocerse los primeros acuerdos , “todos dábamos por hecho la desaparición de este sector en Andalucía, conformado por 90.000 hectáreas en 140 pueblos que viven casi en exclusiva del algodón, 10.000 cultivadores, 22 desmotadoras y todo un sector auxiliar de proveedores y servicios”.
A pesar de todo, el secretario general de UPA-A también ha reconocido que serán necesarios ajustes importantes en desmotadoras y aumentar la productividad de las explotaciones, así como una regulación interna de las siembras. No obstante, Rodríguez reclama prudencia porque las modificaciones del CEA deben todavía ser ratificadas por el Consejo de Ministros en los próximos días. Asimismo, UPA se ha puesto en contacto con el resto de integrantes de la mesa del algodón para estudiar la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, que apoyaría si el sector en bloque así lo decide, con el objetivo de volver al régimen de ayudas anterior a la reforma de Luxemburgo.
Por su parte, en aceite de oliva, España ha logrado hacerse con los 20 millones de euros que Franz Fischler había ofrecido a España si votaba a favor del paquete de reformas. Una propuesta que la ministra Elena Espinosa rechazó por entender que no se podía aceptar un nuevo status quo tan lesivo para los intereses del agro nacional. En este punto, y aunque las demandas de los oleicultores son superiores y pasan por conseguir un presupuesto mayor, la decisión de conceder ahora esos 20 millones de euros representa un cambio de inflexión y facilita las negociaciones para que los olivareros andaluces y españoles reciban las mismas ayudas que hasta ahora. En este sentido, desde UPA se han impulsado encuentros con la Administración autonómica –Andalucía es la Comunidad que más se juega en esta reforma- y nacional.
