El final de un año siempre es un buen momento para reflexionar y hacer balance. Como es un buen momento para formar expectativas y analizar las tendencias. El resto del tiempo los agentes económicos (familias, empresas, administraciones) están tan involucrados en su acción diaria que pierden muchas veces la perspectiva temporal. Contribuye a ello el exceso de información y el ruido mediático que ésta genera, así como la sensación de los agentes de que toda la información tiene la misma importancia, cuando, en realidad, hay muy poca información realmente clave en la toma de decisiones de las familias, las empresas y las administraciones públicas. En general, y especialmente en economía, vivimos tiempos en los que tenemos un exceso de información y nos faltan análisis relevantes y completos.
La situación de la economía española en 2012 es el resultado de la confluencia de tres procesos: los excesos y desequilibrios de la década de crecimiento (las burbujas) y las políticas económicas, y las que no se siguieron, en Europa y España entre septiembre de 2008 y mayo de 2010; la política económica que se inicia en 2011; y, desde luego, las expectativas que sobre la política económica y la evolución de la misma economía tienen los agentes.
1. Excesos, desequilibrios y políticas económicas.
La economía española está viviendo una profunda crisis económica que se manifiesta en todas sus variables macroeconómicas desde hace cinco años. Así, está en su segunda recesión en cinco años con caída de la demanda interna de casi un -4%, tiene una tasa de paro que supera el 25%, su déficit público es superior al 6%, mantiene tensiones inflacionistas en el entorno del 3% y no logra equilibrar claramente su balanza de pagos.
Esta situación, que no por conocida y descontada es menos grave, es el fruto de los excesos de la década de crecimiento que se extiende entre 1997 y 2007. Como es sabido, la convergencia al euro y su introducción produjeron en la economía española una bajada continua de los tipos de interés que llevaron a un fuerte proceso de inversión, materializado en el sector de la construcción y financiado por la deuda que acumularon las familias. El resultado fue un imparable crecimiento de los precios de la vivienda (con un fuerte crecimiento del stock de éstas hasta los 26 millones de viviendas para unos 14,5 millones de familias), un fuerte proceso de creación de puestos de trabajo en el sector de la construcción (con absorción de mano de obra extranjera), un alto nivel de deuda privada (hasta alcanzar niveles por encima del 240 sobre PIB), y, como consecuencia final, un superávit coyuntural de las cuentas públicas generales, en un contexto de descentralización y expansión de los ingresos de las administraciones locales. Este proceso dinámico, que se mantuvo especialmente entre 2002 y 2007, sólo fue posible por la afluencia a la economía española de una abundante financiación exterior. Así, la economía española mantenía el mayor déficit exterior corriente de los países desarrollados que era financiado por los mercados internacionales, por lo que la deuda exterior española ha alcanzado niveles cercanos al 300% del PIB. La economía española creó, pues, tres burbujas conectadas: la de la construcción, con precios anormalmente altos; la de deuda privada, que infló los balances de las instituciones financieras; y la del sector público, que, ante el crecimiento de los ingresos, generaron una estructura administrativa insostenible y un proceso de inversión pública inviable.
Estos excesos de la economía española se manifestaron en tres desequilibrios que quedaron latentes por los buenos datos macroeconómicos. En primer lugar, una inflación diferencial respecto a los socios europeos; en segundo lugar, una caída de la productividad en comparación con los niveles europeos; y, finalmente, un déficit de balanza de pagos con crecimiento de la deuda exterior.
Cuando en 2008 se manifiestan los primeros síntomas de la crisis económica en los Estados Unidos y Europa, la política económica que se sigue en España es típica de manual keynesiano. En primer lugar, se reduce el reconocimiento del problema en un intento de no generar expectativas negativas; en segundo lugar, se activan los “estabilizadores automáticos” del seguro del desempleo y las política activas de empleo; y, en tercer lugar, se activan políticas de expansión monetaria y fiscal. Es decir, la crisis se acentúa en Europa (y por ende en España) porque Europa no tenía en 2008 ni las instituciones, ni los mecanismos de toma de decisiones adecuados para enfrentar la crisis.
2. La política económica desde mayo de 2010.
No fue hasta mayo del año 2010 que en Europa y en España no se asumió la gravedad de la crisis y la nueva dimensión que estaba adquiriendo. Y es que, hasta que Grecia no pidió el rescate, al que se sumarían Irlanda y Portugal, y las primas de riesgo superaron los 100 puntos básicos, se estaba suponiendo que la crisis tenía soluciones macroeconómicas sin necesidad de profundos cambios estructurales. Fue en ese momento, dos años después de su inicio y tras la grave recesión de 2009, cuando Europa y los distintos gobiernos se aprestan a una nueva estrategia de política económica.
El primer paso en esta estrategia fue el reconocimiento de que la política monetaria, a pesar de las sucesivas bajadas de tipos de interés, no estaba siendo eficaz por el daño estructural del sistema financiero. Dicho de otra forma, la trasmisión de la política monetaria no estaba, ni está, dando resultado porque el sistema financiero europeo está dañado, con balances contaminados y opacos y cuentas de resultados poco saneadas. Por eso, los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo no sólo no llegaban, ni llegan, a los agentes de la economía real, sino que servían para financiar la expansión fiscal que las políticas keynesianas estaban provocando. Dado el bajo nivel de trasparencia de la banca europea (escándalo Libor) y la disparidad de legislaciones a pesar de los acuerdos internacionales, la unificación de la regulación y la supervisión bancaria es condición básica para una profunda reestructuración del sistema financiero europeo, de tal forma que le permita ser trasmisor de la política monetaria. En este sentido y puesto que el sistema financiero español es de los más dañados, no tanto por la exposición al exterior (que también), cuanto por su exposición interior, el sistema financiero español ha sufrido, en los últimos tres años, cuatro reformas cuyo resultado final, aún en proceso en el cambio de año, ha sido la práctica desaparición de las cajas de ahorros (y el fracaso de la política de instrumentalización por parte de las administraciones autonómicas), la concentración de la oferta en menos de 20 instituciones y una inyección de dinero público (con financiación europea) que, en monto total, superará los 70.000 millones de euros (algo menos del 7% del PIB).
Por su parte, las políticas fiscales impulsadas desde la Unión Europea, siguiendo las líneas marcadas por Alemania, son de equilibrio presupuestario. En ese sentido, se ha considerado que, para completar y hacer efectiva el área monetaria que es la zona euro, es necesaria una política fiscal equilibrada, empezando por el equilibrio público, que no generen choques de crecimiento y de financiación en las distintas economías. Se vuelve así a los fundamentos macroeconómicos del Tratado de Maastricht (déficit, deuda, tipos e inflación) que dieron como resultado la convergencia nominal de las economías europeas. De ahí que, usando los mecanismos que se diseñaron en el Tratado, los distintos países de la zona euro se hayan comprometido con sendas de déficit que han de ajustarse en el medio plazo.
Dados los altos déficit de las administraciones públicas españolas (-11,2% del PIB en 2009, -9,7 en 2010, -9 en 2011) en plenos procesos recesivos, la Unión Europea instó al Gobierno de España a seguir una senda de política fiscal mucho más restrictiva, ante el peligro de caer en una espiral explosiva de deuda pública que, a su vez, pusiera en peligro, no sólo el sistema financiero español, sino el europeo. De ahí que, a partir del verano de 2010, la política fiscal española haya sido de permanente ajuste, tanto por el lado de los ingresos, como por el de los gastos. En el primer caso, dos subidas de IVA y tasas, una subida de IRPF y congelación de las contribuciones sociales. En el segundo caso, una paralización absoluta de la inversión pública (una caída del -90% sobre los niveles de 2007), dos bajadas del sueldo de los funcionarios (con pérdidas de poder adquisitivo del -17% en términos reales medios), dos congelaciones de las pensiones (con pérdidas del -5% en términos reales medios) y un incremento escandaloso de la morosidad a proveedores. Y, para reforzar la credibilidad de esta política, una reforma constitucional por la vía de urgencia por la que se limita el déficit público.
A pesar de su dureza, la política fiscal española está teniendo un resultado limitado, y lo tendrá en el tiempo, por tres razones esenciales. En primer lugar, porque en la vertiente de los ingresos se están realizando reformas parciales y coyunturales, sin tocar los problemas estructurales del sistema impositivo tales como el sistema de módulos en el IRPF o el exceso de cotizaciones sociales que gravan el empleo nacional. En segundo lugar, porque el ajuste de gasto (los “recortes”) se están haciendo sin una reordenación de las competencias, sin cambios en las estructuras de las administraciones públicas españolas, y sin modificar patrones de transferencias (pensiones, seguro de desempleo, subvenciones), es decir, sobre la base de que el problema es coyuntural y que no hay problemas de eficiencia en la provisión de los bienes públicos o en el uso de los recursos. Y, finalmente, porque se está abordando desde una perspectiva de intereses políticos de corto plazo, sin tener en cuenta la sostenibilidad del sistema. El ajuste fiscal español no está siendo creíble para los mercados y analistas internacionales porque no se está queriendo hacer una reforma en profundidad, ni abordar los problemas de exceso de personal de las administraciones públicas y en las administraciones “paralelas”, ni reformar el sistema de protección social de pensiones y desempleo (ambos insostenibles en el largo plazo). El Gobierno Rajoy, como antes el de Rodríguez Zapatero, no tiene una política fiscal para salir de la crisis, sino una política fiscal para cuadrar a corto plazo las cuentas. No está abordando la estructura de las cuentas de gasto corriente, sino la cuantía a la que “compran” los recursos (empezando por los recursos humanos).
En cuanto a la política de mercado de trabajo, el Gobierno Zapatero intentó hacer una reforma laboral pactada entre los agentes sociales, que no reformó nada mientras se perdían unos 3,5 millones de puestos de trabajo. No ha sido hasta la llegada del Partido Popular que se ha hecho una reforma laboral que, aunque bien orientada, se ha quedado aún a medio camino en lo sustantivo. Los cuatro ejes de medidas contenidas en la primera parte del Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero (la segunda es de adaptación de normas subsidiarias) pretenden atajar el grave problema del paro mejorando la empleabilidad de los trabajadores y su disposición a contratarse, favoreciendo la contratación indefinida, aumentando la flexibilidad interna de la organización en la empresa y, finalmente, luchando contra la dualidad del mercado laboral. Para ello, el Gobierno modifica y aclara muchas de las posibilidades que ya tenía el Estatuto de los Trabajadores. De todas esas medidas y modificaciones dos son, desde un punto de vista económico, las claves de la reforma. En primer lugar, las que abaratan los costes de despido colectivo, objetivando las causas y estableciendo topes de indemnización más bajos, al tiempo que elimina los trámites administrativos previos, porque permiten a las empresas realizar los ajustes de plantilla con menos coste y más rápidamente. Y, en segundo lugar, la que posibilitan realmente la modificación de las condiciones laborales para adaptarlas a la realidad económica de la empresa, siendo subsidiario el convenio colectivo (la famosa clausula de “descuelgue”) de las regulaciones dentro de la empresa, porque permiten acompasar los costes laborales a la productividad real de la empresa. Estas dos medidas lo que están permitiendo, desde un punto de vista económico, es hacer más rápido el ajuste de salarios por hora (la devaluación interna) en el que está inmersa la economía española. Se podría así empezar a atajar el paro clásico (por exceso de salarios nominales frente al exterior) que tiene en cuanto se atisbe el crecimiento, o venga éste desde el exterior. De cualquier forma, la reforma es tímida e incompleta porque la reforma de la formación dentro de las empresas o los incentivos para la contratación son medidas superficiales. De igual forma, no es posible atajar la dualidad del mercado laboral español sin una más profunda reforma de los derechos de indemnización adquiridos.
En cuanto a las demás políticas, especialmente las sectoriales, éstas brillan por su ausencia, cuando no caen en un activismo intervencionista que mal cuadra con una política real de cambio estructural. En política agraria se está negociando el nuevo marco de la PAC, habiéndose perdido un tiempo precioso en una reorientación del sector. De igual forma, la política industrial sigue sin definirse dejándose al albur de Comunidades que no tienen capacidad para enfocarla. Y, finalmente, la política energética se ha resuelto en un sistema de tasas que ni soluciona el déficit de tarifa, ni lleva competencia real al mercado. En general, la política de mercados sigue la inercia de la división en mercados regionales según las Comunidades Autónomas, con no pocas ineficiencias administrativas, y el intervencionismo de todos los niveles de la administración en sus relaciones con las empresas. Algo que ha llegado a ser escandaloso con la intervención solapada del ministerio de Industria en el precio de los carburantes en el mes de noviembre.
Esta ausencia de políticas de cambio estructural, de reordenación, unidad y liberalización de los mercados de bienes y servicios, que podría introducir competencia y hacer a las empresas más competitivas está brillando por su ausencia, por lo que algunos de los problemas de fondo de la economía española, la inflación así como el reducido tamaño de las empresas españolas no se están abordando.
3. 2013: el sexto año de crisis
Las expectativas de la economía española para el año 2013 dependen de tres procesos interiores clave que, con desigual importancia, interaccionan y se realimentan. Estos procesos son: el ajuste de deuda de las familias y empresas; el ajuste del sector público; la devaluación de salarios y el ajuste de deuda exterior.
La proceso económico más importante que está condicionando la tasa de crecimiento es el fuerte proceso de ahorro de las familias, lo que condena al decrecimiento al consumo privado, y, a partir de él, toda la demanda interna. La subida de la tasa de paro y la percepción del problema del paro como posible en puestos de trabajo antes seguros, la caída de rentas por estancamiento de los salarios reales y de las transferencias corrientes (las pensiones), la pérdida de prestaciones de no pocos parados, la subida de los impuestos directos y el empeoramiento de las condiciones crediticias hacen que las expectativas de los consumidores sean muy negativas en el momento actual, lo que retrasa las compras de bienes duraderos y se contienen los gastos en bienes duraderos, lo que posibilita un lento desendeudamiento. Los altos tipos de interés al consumo vienen a hacer el resto.
Y, junto al ajuste de las familias, que viene produciéndose desde hace cuatro años, el más reciente del sector público que está profundizando aquel al rebajar el sueldo de una parte importante de los ocupados (los casi 2,5 millones de funcionarios), congelar las prestaciones, retrasar el pago a las pequeñas empresas y subir las pensiones sólo un escuálido 1%.
Los dos ajustes de demanda final condicionan claramente las pésimas expectativas que tiene la inversión. La inversión está en niveles mínimos por la pérdida de expectativas de crecimiento de la demanda en el medio plazo, por haber sido la gran perjudicada en los recortes de gasto público y por las severas restricciones de crédito. Será difícil que la inversión de las empresas españolas aumente en los próximos años porque, a las variables anteriores, hay que sumar el recorte de subvenciones en no pocos sectores (agricultura), la inseguridad jurídica en otros (energético), la alta especialización en vivienda y la multiplicidad de trabas administrativas.
La alta tasa de paro (unos 5,8 millones de parados y una tasa del 25%) está produciendo, junto con la reforma laboral antes descrita, y el ajuste de salarios del sector público (efecto comparación) un proceso de devaluación de salarios que, según datos del INE, ha alcanzado un 3% en el último año y lleva acumulado alrededor del 15% en términos de relación real de intercambio. Por otra parte, la productividad aparente del factor trabajo está creciendo por encima del 2,5%, lo que está haciendo recuperar a la economía española la competitividad perdida en la década de desequilibrios. Esto está permitiendo mejorar las exportaciones, aunque la persistencia de la inflación, no permite una mayor mejora de la competitividad en algunos sectores, especialmente de servicios.
La mejora de las exportaciones y la debilidad de la demanda interna, que ha hecho estancarse las importaciones están permitiendo un anormal equilibrio en la balanza por cuenta corriente que se correlaciona con la mejora de la posición deudora exterior de la economía española.
La coyuntura española para 2013 es claramente pesimista porque la economía española entró en recesión en el último trimestre de 2011 y la ha arrastrado durante todo 2012. El ejercicio 2013, en cómputo anual, será, en la mejor y más improbable de las hipótesis un año de estancamiento, mientras que lo más probable es que viva una recesión del -1%, que podría complicarse si no resultan eficaces las medidas tomadas en la Unión Europeo para aliviar las turbulencias financieras y empeoran las expectativas. En este contexto, el debate sobre el rescate pasa a un segundo plano porque su importancia es sólo política, no afectando significativamente al desempeño de la economía española, sino a la mejora de su financiación.
La economía española vivirá en 2013 su sexto año de una crisis que fue causada por los excesos y desequilibrios y que sólo ahora en plena recesión y con un 25% de tasa de paro parece que se está abordando.
Gabriel M. Pérez Alcalá, Profesor de Política Económica. Rector de la Universidad Loyola Andalucía
