Existe una expresión bastante conocida, que recorre la realidad de los pueblos que han construido su historia desde el legado del derecho romano, las costumbres latinas y el tamiz del medievo: “excusatio non petita, accusatio manifiesta”.
Una locución en la que se relaciona la conducta, la excusa, la culpa junto a la responsabilidad de la acción y que, al echar la vista atrás, viene como anillo al dedo a la hora de recordar los últimos doce meses. Tiempo pretérito en el que la relación entre nuestra cultura económica, el uso de términos económicos y financieros, el seguimiento de las reuniones de la troika comunitaria o el análisis de los comunicados del Presidente del BCE han sido directamente proporcionales al incremento del número de personas paradas, al número de empresas desaparecidas, al decremento del PIB, al incremento del índice de morosidad, al número de desahucios y, desgraciadamente, a un largo etcétera de indicadores y referencias negativas. No podemos obviar, que seguimos bajo la senda del decrecimiento o, lo que es lo mismo, destrucción neta de riqueza y empleo. Pero esta tendencia la estamos sufriendo en una espiral de inflación elevada ( 3,5%), una tasa de desempleo de emergencia (superior al 25%), una contracción brutal del crédito y una subida de los impuestos, especialmente el IVA, que desincentiva el consumo.
Seguiremos devorando información económica, pero las noticias que nos trasladen van a seguir en la misma tónica. Difícilmente es posible un cambio de tendencia a medio plazo cuando las previsiones de organismos internacionales, de la Comisión Europea o del propio Gobierno Rajoy son recesión o depresión. O cuando el BCE advierte de que “el colapso financiero global sigue siendo una amenaza real”. Realidades que se apuntalan, por ese interés, casi místico, de mantener el principio de equilibrio presupuestario y de reducción de déficit público como máxima económica que permitirá reconstruir nuestras economías.
Un espejismo que no puede evitar, si acaso alimentar, ese mar de fondo cada vez más significativo que se resume en el rotundo desencuentro entre el Gobierno de España y el pueblo español. Aunque exista una máxima en política, que todo político que aspire a la reelección pretenda cumplir: “en el primer año de mandato las peores decisiones”, difícilmente se va a poder mantener dicho principio sobre la base de un programa de reformas que aspira a confeccionar un nuevo modelo económico y social distinto al sancionado en la Constitución de 1978. De hecho, y a las pruebas me remito, una parte importante de las decisiones del Gobierno Rajoy en materia de recorte de derechos: civiles, laborales, en educación, sanidad, dependencia,… acabarán en el Tribunal Constitucional. Consagrándose así una mayor intensidad en la oposición a la “política de recortes sinfín”.
Mientras tanto, los poderes económicos y financieros seguirán alentando a los empresarios a que busquen competitividad a través de los despidos y oteen posibilidades de negocio en las prometidas privatizaciones de los servicios públicos. Aunque en ninguna parte se haya demostrado todavía que una buena gestión privada sea más eficiente que una buena gestión pública.
Lo que viene a converger en una idea que se repite y que confluye en el aludido “mar de fondo”: estamos siendo objeto de una severa argucia que básicamente trata de inocular en nuestro imaginario que las palabras “público”, “sector público” y “empleado público” significan ineficiencia, incapacidad y privilegios.
En resumidas cuentas, se está escribiendo una historia de injusticia, pobreza e involución social sin precedentes, para la cual se están utilizando las excusas más peregrinas y explicaciones inverosímiles. El tiempo pasa y los resultados de las políticas de recortes son inexistentes para la mayoría de ciudadanos. La sociedad española necesita aire y ver la luz que indica la salida de este túnel tenebroso y al Gobierno Rajoy se le acaba el tiempo. Todavía es posible pedir disculpas y cambiar la orientación de las políticas respetando derechos, defendiendo la dignidad y posicionando el trabajo y el empleo como objetivo prioritario.
Manuel Pastrana Casado, secretario General UGT de Andalucía
