Concluye 2012, un año complicado, marcado por circunstancias climatológicas adversas (sequía extrema en primavera y verano, riadas en otoño) y por otro tipo de adversidades, que tienen que ver con decisiones políticas, tales como los recortes presupuestarios del Ministerio y la Consejería de Agricultura, la subida del IVA (que provocará un sobrecoste anual de unos 100 millones para los profesionales andaluces), la aprobación y entrada en vigor del Acuerdo entre la UE y Marruecos o la última propuesta de reforma de la PAC, que pone en grave riesgo la sostenibilidad de la agricultura de nuestro país y, en particular, del modelo social mayoritario.
La PAC que plantea la Comisión amenaza a los profesionales de la agricultura, al vincular los apoyos públicos a la superficie y no a la actividad productiva y al empleo, criterio que para COAG es esencial.
Además, 2012 significó la puesta en marcha de iniciativas demandadas por el sector, como la Ley de Medidas para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, aunque el anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros presenta importantes carencias, ya que no refuerza el poder de negociación de los agricultores frente a los abusos de las cadenas de distribución, ni acota la actuación de la CNC, que desde hace años supone un freno al desarrollo del sector agrario. Tampoco ofrece seguridad jurídica a la negociación colectiva de precios en el seno de las interprofesionales. Por eso, COAG está trabajando para mejorar la ley durante el proceso de consulta pública y el trámite parlamentario.
Por sectores, se mantiene la crisis de precios en origen a pesar de que este año se han producido importantes reducciones de cosecha en algunos cultivos, como en el caso del olivar, lo que demuestra que existen maniobras especulativas y que no es la ley de la oferta y la demanda la que verdaderamente rige el mercado. Del mismo modo, los productores de cítricos, frutas y hortalizas y leche, por citar sólo algunos, siguen percibiendo precios que no les permiten cubrir costes de producción.
Mientras tanto, esos costes se siguen incrementando (en torno a un 20% subieron fertilizantes, semillas y energía en un año) y la rentabilidad de la actividad desciende, porque los productores no pueden repercutir el aumento de costes en el precio al que venden.
Por eso, es fundamental que la reforma de la PAC, que se cerrará en 2013, además de vincular los apoyos a la actividad productiva y al empleo, incorpore mecanismos de control de mercado, que permitan dotar de cierto equilibrio a unas relaciones comerciales demasiado inclinadas hacia la posición dominante de la gran distribución.
No podemos olvidar que el sector agrario tiene una importancia fundamental para Andalucía, cuya producción final agraria supera los 10.000 millones (esto es, casi un 25% del total estatal). Tenemos una vocación exportadora que nos permite equilibrar la balanza agroalimentaria, con un superávit de más de 3.000 millones, ya que casi el 25% de las exportaciones andaluzas son productos agroalimentarios. Junto a la industria asociada, el sector agrario genera el 20% del PIB.
Esa importancia económica tiene su traslación en el ámbito social, porque el campo es origen de más de 500.000 empleos. La actividad agraria es el principal factor de equilibrio y cohesión territorial, porque agricultura y ganadería contribuyen a fijar la población rural, conservando un medio ambiente sostenible y manteniendo los sistemas de protección y bienestar social.
Miguel López Sierra, secretario General de COAG Andalucía
