La Unión Europea (UE) celebró durante los días 7 y 8 de marzo en Granada la primera cumbre con Marruecos, único país del Magreb con el que mantiene una relación especial plasmado en el Estatuto Avanzado de 2008. En el transcurso de la cumbre, Marruecos puso un acento especial en dotar de contenido el Estatuto Avanzado y en aplicar sin demoras el acuerdo agrícola firmado en diciembre pasado, mientras que la UE subraya la necesidad de respetar los derechos humanos y avanzar en la solución pacífica del contencioso del Sáhara. A corto plazo, Marruecos y la UE deben renovar el Plan de Acción de 2005 que concluye este año, y en 2011, renegociar el acuerdo pesquero, del que España es el principal beneficiario.

De momento, las perspectivas financieras de la política de vecindad de la UE para el periodo 2011-2013 atribuye a Marruecos 580 millones de euros, una cifra que supone más del 10% del total y que convierte al reino alauí en el primer beneficiario de estos fondos. A largo plazo la idea es la ampliación del Mercado Único al sur o la creación de una zona de libre cambio entre la UE y sus vecinos del Mediterráneo.

La colaboración entre las dos riberas del Mediterráneo se inició hace 15 años   con la primera Conferencia Euromediterránea, que inició una nueva forma de entender las relaciones regionales y proponía un cambio decisivo en el marco multilateral de relaciones entre la UE y los países del Mediterráneo sur. Parece evidente que los objetivos que entonces se marcaron crear un espacio común de paz, estabilidad y desarrollo de los aspectos humanos y la compresión entre culturas, son plenamente actuales.

La renovación del acuerdo agrícola entre UE y Marruecos que se  estableció por primera vez en 1996 para las exportaciones de hortalizas, y especialmente de tomate, ha levantado una fuerte oposición por parte de las organizaciones agrarias andaluzas y valencianas que ven peligrar la rentabilidad del sector ante el creciente aumento de los cupos de exportación.

En la actualidad se está produciendo una creciente integración productiva en el sector agrícola y agroalimentario euromediterráneo, y donde el sector hortofrutícola andaluz, murciano y valenciano compite con estas producciones. El futuro del sector estaría en explotar la complementariedad de ambas agriculturas y  no en protegerse de la competencia. España, y en especial Andalucía, tiene mucho que ofrecer: inversiones, tecnología, saber hacer, materiales, logística, cluster agro-industrial, etc.

Es cierto que la agricultura española, especialmente los exportadores hortofrutícolas, ha sufrido en los últimos años por la fuerte competencia, pero no es sensato culpar al vecino antes de acomenter las reformas estructurales internas que se necesitan. No son las exportaciones marroquíes los únicos que deprimen los precios de los productos hortofrutícolas españoles. Contribuye en mayor parte a ello la deficiente estructura del sector caracterizado por la fragmentación en cooperativas y la falta de cooperación entre ellas, que les impide afrontar de forma organizada el poder de mercado de los grandes compradores.

El gobierno y las comunidades autónomas, sobre todo Andalucía, Murcia y Valencia, deben apoyar al sector hortofrutícola con financiación, formación y apoyo al I+D para mejorar su competitividad y poder mejorar su posición en el mercado europeo.

Por tanto, nos encontramos ante un acuerdo necesario, que forma parte de una liberalización progresiva de las relaciones con Marruecos que tienden, inevitablemente, hacia una zona de prosperidad compartida, que España debe apoyar bajo las premisas de reciprocidad, solidaridad, colaboración y codesarrollo. En este desarrollo económico y social Andalucía debe de actuar de puente entre la UE y Marruecos,  extendiéndolo hacia el Magreb.