La cumbre europea de Atenas ha sellado la ampliación de la Unión Europea a 25 socios. Los estados nuevos (PECOs) son Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia, Hungría, Chipre y Malta. Esta ampliación de la Unión Europea (UE) supone la mayor ampliación de su historia. Estos diez países gozarán a partir de ahora de un estatus de observadores con derecho a participar, sin voto, en todas las reuniones y foros de la UE.

El 1 de mayo de 2004 se convertirán en socios de pleno derecho y la UE parará a contar con 25 miembros y 450 millones de habitantes (un 19,8 % más) y un Producto Interior Bruto (PIB) valorado en 10.000 millones de euros (un 4,6 % más). Europa se aproxima así entre resignada y escéptica al sueño de unificar por ver primera el continente de forma pacífica. Esta ampliación constituye pues un hito similar en el proceso de integración europea dada su especial transcendencia política, el número de Estados candidatos involucrados y las repercusiones demográficas y económicas que conlleva.

Las consecuencias para Andalucía de esta ampliación se harán patentes en numerosos ámbitos de la vida colectiva e individual de los andaluces. Desde el punto de vista económico dicha ampliación tendrá consecuencias económicas y sociales a las que la economía andaluza tendrá que dar respuesta. Por tanto, los distintos agentes económicos andaluces, deben de reflexionar sobre el impacto que la adhesión puede producir en el tejido productivo andaluz, tanto por lo que se refiere a la ampliación del mercado (450 millones de consumidores) como por lo que respecta a la incidencia y distribución de los Fondos Estructurales y de Cohesión que Andalucía y las regiones españolas vienen recibiendo de la UE desde su integración.

El primer efecto de la ampliación sería el denominado “efecto estadístico”. La UE ampliada a 25 países producirá un efecto de enriquecimiento pues la incorporación de los 10 nuevos socios rebajará la renta media del conjunto de la nueva UE. Es obvio que este efecto estadístico no va a modificar, por si mismo, la renta y demás factores que determinan el nivel de vida o las condiciones de trabajo de Andalucía y de los andaluces. Este efecto producirá una reorientación en la política comunitaria, sobre todo, en los Fondos Estructurales y en los de Cohesión para el periodo 2007-2013, pues los relativos al periodo 2000-2006 ya están adaptados a la Agenda 2000 y son inamovibles. En conjunto España alcanzaría el 94 % del PIB medio de la UE ampliada a 25 y desde el punto de vista regional las actuales diez regiones españolas que reciben los Fondos Estructurales por ser regiones objetivos nº 1 se reducirían a tres (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia).

De manera general, para la economía andaluza, la ampliación generará oportunidades y desafíos. Entre las oportunidades destaca el significativo aumento del mercado potencial para nuestras empresas, con la incorporación al mercado único de países que crecen a unas tasas superiores a las de los actuales miembros. Por tanto, el principal desafío para el tejido empresarial andaluz se deriva de la presión competitiva de los nuevos países cuyas empresas manufactureras presentan una gran similitud en ventajas competitivas con las andaluzas, cuando no abismales diferencias, tanto en materia de costes laborales como en flexibilidad laboral.

Así mismo el tejido productivo de los PECOs se ha visto reforzado en estos años por los formidables flujos de inversiones extrajeras directas que se ha orientado hacia estos países tras las sucesivas privatizaciones y como consecuencias de su integración en la UE.

Por último cabe destacar la incidencia que la ampliación tendrá sobre el agro andaluz. El carácter sensible de la agricultura andaluza en el proceso de ampliación se deriva del volumen relativo del sector agrario de algunos PECOs y del considerable potencial agrario añadido de la UE. Pese a que el PIB de los PECOs sólo representa el 4 % de la UE, sin embargo su superficie agraria útil añadida es de 60 millones de has, es decir, el 44 % de la actual UE. Este considerable potencial de producción tendrá consecuencias sobre los mercados y la orientación de las futuras políticas agrarias. Se incorpora 9,5 millones de población activa agraria que representa más del 25 % del empleo total de estos países mientras que en la UE son 8 millones y supone un 4 % del empleo y el 2,5 % del PIB. Por consiguiente, creemos que el agro andaluz deberá aprovechar más adecuadamente las ayudas procedentes de la Política Agraria Común (PAC) y ganar competitividad de cara a la ampliación. A favor juega la existencia de un largo periodo transitorio que llegará hasta el 2013, fecha de su integración plena.