El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha comparecido, por primera vez y a petición propia, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde se ha comprometido a garantizar la despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Para conseguirlo, el titular de Justicia ha propuesto a los grupos parlamentarios poner fin al sistema de cuotas en la elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial.

Una reforma para la que será necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se modifique el mecanismo de elección de los miembros de este órgano de gobierno, de forma que a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, las Cortes escojan a ocho de los veinte vocales del CGPJ y los doce restantes sean seleccionados por y entre los magistrados de la carrera judicial.

Pero esos ocho vocales, según ha apuntado Ruiz-Gallardón, no podrán ser objeto de intercambio político. Se ha de volver al acuerdo que establece la Constitución y que cada uno de ellos sea elegido mediante el consenso por los grupos parlamentarios.

El otro gran objetivo de la legislatura es situar a la Justicia al servicio de la recuperación económica. “Si actuamos con prudencia, si identificamos adecuadamente los problemas, si planificamos ordenadamente las inversiones y gastos a realizar, y si dotamos a la Administración de Justicia de una organización moderna y eficiente, conseguiremos el objetivo de que la Justicia española sea, en tiempos de crisis económica, un verdadero motor de la economía nacional”, ha asegurado el ministro en su intervención. Esta será una legislatura “consagrada a la gestión”, para lo que será necesaria una “transformación”, ha añadido.

El titular de Justicia ha apuntado al “exceso de litigiosidad” del sistema judicial como uno de los principales problemas a combatir. En ese sentido, ha apostado por “encontrar fórmulas que contribuyan a disminuir de forma razonable el elevado índice de litigios que anualmente se acumulan en juzgados y tribunales”.

Consciente de la “ingente cantidad de recursos financieros -estimada en decenas de miles de millones de euros- que se encuentran pendientes de que se dicte resolución definitiva en los correspondientes pleitos”, Ruiz-Gallardón ha propuesto adoptar “las medidas que sean precisas para que todos esos recursos inmovilizados en los tribunales reviertan lo antes posible al circuito económico, a fin de obtener el máximo beneficio para la economía nacional”.