La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha afirmado que el Gobierno andaluz “no renuncia a la gestión del gran río andaluz”, tras haber optado recientemente por la reversión al Estado del conjunto de las competencias recibidas en virtud del artículo 51 del Estatuto de Autonomía, declarado nulo por una sentencia del Tribunal Constitucional. La Junta “quiere el Guadalquivir con todas las de la ley”, ha manifestado afirmado ante el Pleno del Parlamento, “porque somos un gobierno responsable, que respeta el Estado de Derecho”. Pero, ha insistido, “el Gobierno mantiene su firme voluntad de que tengamos una voz preeminente en la gestión de las aguas del río”.
De esta forma, ha apuntado que, para seguir manteniendo competencias y gestión en esta materia, el Ejecutivo andaluz va a “apoyar y respaldar, con toda contundencia, la Proposición de Ley Orgánica sobre delegación de competencias”, basada en el artículo 150.2 de la Constitución, que “el Gobierno avala plenamente y que estamos convencidos de que va a tener sustento jurídico en el informe del Consejo Consultivo que se está elaborando”.
Moreno ha subrayado el “ejercicio de responsabilidad” llevado a cabo por la Junta al adoptar la decisión de revertir las competencias del Guadalquivir al Estado y es que, según ha explicado, se han “antepuesto los intereses de Andalucía por encima de la foto de un acuerdo o de una satisfacción momentánea”. Concretamente, se ha referido a los más de 800 empleados públicos que, tras la transferencia, hubieran quedado en “una evidente situación de inestabilidad y de temporalidad”.

Vía segura jurídicamente
En este sentido, ha valorado la postura del presidente de la Junta al respecto, que no quería que el Guadalquivir se convirtiese “en un río de conflictos laborales o en un río de litigiosidad jurídica por los regantes y los distintos afectados del agua”. Según la consejera, había “dudas jurídicas sobre la posibilidad de hacer las encomiendas en las que se estaba trabajando y lo que queremos es una vía segura y pacífica jurídicamente que pueda colmar la ambición y los intereses de Andalucía, como es la vía del 150.2”.

Respecto a esta “ruta alternativa”, Moreno ha señalado que será el Parlamento andaluz el que elevará la iniciativa legislativa a las Cortes Generales, un órgano del que ha destacado que fue “el mismo que ratificó y votó el Estatuto de Autonomía de Andalucía”. Según ha apuntado, esta vía “podrá culminar en una delegación de competencias sobre las aguas del río Guadalquivir que en nada rozará o confrontará y que respetará la sentencia del TC” y, en este sentido, ha expresado su confianza en que todos los grupos parlamentarios andaluces “se unan” a esta iniciativa.

La consejera ha querido agradecer al presidente del Gobierno de España, al ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; de Política Territorial, y de Hacienda, por los “esfuerzos ímprobos que han hecho en buscar una solución para la Junta de Andalucía”.

Asimismo, también ha reconocido “el esfuerzo y la rigurosidad” con la que ha trabajado la Consejería de Medio Ambiente en esta materia, “gracias a lo cual hoy podemos tener muy claro cuál es el esquema jurídico y político que nos tiene que conducir a tener protagonismo en un recurso tan importante para la comunidad como es el Guadalquivir”. En este sentido, ha recordado que, para el Gobierno autonómico, el Guadalquivir es un río andaluz, “no solamente por los elementos simbólicos, geográficos o culturales, sino porque el agua que es un recurso vital para la economía andaluza, para el turismo, para la agricultura, y para la vida de cada pueblo y de cada ciudad”.