Está previsto que el impuesto sobre las operaciones financieras se aplique en Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia y Portugal.
Estos once países de la UE han decidido introducir conjuntamente un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. Por ello, han pedido a la Comisión que elabore un enfoque común para recaudarlo.
El objetivo del impuesto es garantizar que el sector financiero contribuya equitativamente a las arcas públicas, dado que su aportación actual es inferior a la de otros sectores.
También es una forma de conseguir que los bancos y otras entidades financieras paguen la parte que les corresponde en la recuperación de la crisis, ya que fueron una de las principales causas de la recesión económica y han recibido importantes ayudas públicas para sobrevivir.
El impuesto grava todas las transacciones financieras donde una de las partes esté establecida en alguno de los once países. El tipo mínimo sería del 0,01% para los instrumentos derivados y del 0,1% para las demás transacciones, incluida la compra de acciones y bonos. Cada país es libre de aplicar un tipo más elevado.
El impuesto no se aplicará a las actividades financieras diarias de los ciudadanos y las empresas (como contratar un seguro o una hipoteca, pagar con tarjeta de crédito u obtener un préstamo empresarial).
Se calcula que este impuesto permitirá recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, que se destinarían en parte al presupuesto de la UE. Cada país participante vería reducida su contribución al presupuesto en función de lo aportado.
El resto de la recaudación iría a los presupuestos nacionales y podría destinarse a los mismos usos que los demás ingresos fiscales (reducir la deuda, invertir en crecimiento y empleo, etc.).
Próximas etapas
Los dieciséis Estados miembros de la UE que no aplicarán este impuesto inmediatamente, aunque podrán hacerlo más adelante, han dado su visto bueno a través de la UE a los once países que sí quieren introducirlo.
Ahora debe abrirse un debate en profundidad sobre la forma de aplicar el impuesto. Todos los países de la UE podrán intervenir en el debate, pero solo tendrán derecho a voto los once países participantes, que deberán llegar a un acuerdo por unanimidad para poder empezar a aplicar el impuesto en la fecha prevista (1 de enero de 2014). También se consultará al Parlamento Europeo.
