La entrada de España y Portugal, el 1 de enero de 1986, supuso la tercera ampliación de la Comunidad Europea. Tras su ingreso España tuvo dos comisarios, Manuel Marín, que había participado en las negociaciones de adhesión como secretario de Estado, y Abel Matutes. Enrique Barrón se convirtió en el primer presidente español de la Eurocámara, puesto que ocupó también José maría Gil-Robles de 1977 a 1999 y que desempeña en la actualidad el socialista José Borrel.

Para los ciudadanos en general, la pertenencia a Europa ha supuesto mejoras en el bienestar y en la calidad de vida. Su integración permitió que España pudiera acceder a los fondos europeos. Su volumen suma más de 150.000 millones de euros en estos últimos 20 años. Son los fondos estimados para la agricultura (FEOGA), los destinados al desarrollo regional (FEDER), a la formación (FSE) y el fondo de cohesión (FC).

El sector agrícola y sus agricultores ha recibido importantes ayudas directas de la Unión Europea (UE), que representan entorno al 24% de la renta agraria anual. La financiación de las infraestructuras es otro de los frutos palpables de la integración. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha proporcionado unos 40.0000 millones de euros. Su objetivo ha favorecido decisivamente el desarrollo de las infraestructuras y ha ayudado a las regiones más deprimidas a corregir las desigualdades.
En 1986, España contaba con 773 km de autovías gratuitas, hoy son 6267 km, cuatro de cada 10 kilómetros de estas autovías han sido financiadas con fondos europeos. Así mismo han financiado parte de la red ferroviaria de alta velocidad, creada a partir de 1992: Madrid-Sevilla; Madrid-Lérida y Madrid-Toledo. De cada 100 euros invertidos en España en ferrocarriles 38 se han costeado con dinero procedente de Europa. Algunos de los proyectos más importantes que se han puesto en marcha en el periodo 2000-2006 también han sido financiados por la UE: línea Ave Córdoba-Málaga; autovía de la Plata en Extremadura; desaladora de Carbonera (Almería); línea Ave Madrid-Segovia-Valladolid; la ampliación del Recinto Ferial de Barcelona y la ampliación del Puerto del Ferrol.

El Fondo de Cohesión es otra de las ayudas de las que se ha beneficiado España en estos años. Se empezó a percibir a partir de 1993 y hasta ahora se han recibido unos 12.000 millones de euros.

Su objetivo era ayudar a España a conseguir superar el 90% de la renta media de la UE, financiando parte de los proyectos: línea Ave Madrid-Barcelona; ampliación del Puerto de Barcelona, Puerto de Gijón y el Puerto de Langosteira en la Coruña; abastecimiento de agua a Zaragoza; presa de los melonares en Andalucía, entre otros.

El balance económico de la relación de Andalucía con la UE desde la adhesión de España puede calificarse como positivo. En estos 20 años Andalucía ha venido incrementando su participación en el conjunto de la economía española, reajustando su estructura productiva para acercarla a la que es predominante a la escala nacional y europea. La incorporación a la UE ha permitido superar, aunque sólo sea parcialmente, limitaciones estructurales de Andalucía, que suponían un obstáculo constante al proceso de desarrollo: el progresivo agravamiento de las disparidades comarcales y concentración de la renta; como consecuencia de los dos problemas anteriores, la región presenta una fuerte dependencia de las ayudas públicas, que restan dinamismo a su sistema económico y su modelo de desarrollo, basado en la explotación de sus recursos naturales y medioambientales, está próximo a agotarse sin que se haya definido y evaluado un modelo alternativo que lo sustituya.

Así, los flujos financieros de la UE han permitido mejorar, las dotaciones en infraestructuras tanto de transportes como de producción, multiplicando la capacidad de inversión pública regional, reducir los niveles de desempleo y mejorar de forma notable tanto la renta personal como la sectorial.

Estos efectos positivos, que pueden cuantificarse, se complementan y refuerzan con otros de carácter cuantitativo que también pueden observarse a partir de la incorporación al proceso de construcción europea. Entre ellos, cabe destacar el reforzamiento de la autonomía regional, por la incorporación de esta región a procedimientos de gestión y programación en coordinación con otras Administraciones, el reforzamiento de la potencialidad regional por la pertenencia a un entramado supraregional de enorme importancia a nivel mundial o la inclusión progresiva de los actores regionales en redes de información, comercialización o producción.

A pesar de todo ello, las debilidades endógenas de la región no han permitido que el impacto real de algunas de los principales efectos positivo de la adhesión alcance toda la importancia que cabría esperar. Por eso, debería destacarse la presencia en Andalucía de sectores y territorios que no han aprovechado suficientemente los recursos disponibles para su modernización. Por esta razón no se ha logrado reducir de manera significativa las disparidades internas de la región.

La convergencia económica de Andalucía con respecto a la UE ha sido evidente: Andalucía ha crecido y mejorado las condiciones materiales de vida de su población desde su incorporación a la UE. Sin embargo, los resultados no son todo lo satisfactorio que cabría esperar. No se ha aprovechado al máximo las posibilidades que se le han brindado. Así aunque ha mejorado en término de convergencia real, el ritmo al que lo ha hecho no corresponde con la cuantía de los recursos que ha recibido. Cabe esperar que el paso de los años permita que los resultados de inversión y reajustes estructurales que se están observando en la actualidad, generen los resultados positivos que, dado el nivel de apoyo que recibe, deben producirse.

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