El 20 de febrero de 2005 se cumplió el primer aniversario del referéndum español sobre la Constitución Europea, que levantó grandes expectativas. Cabe preguntarse qué es lo que ha pasado con los resultados del mismo, cómo se ha gestionado el ‘si’ y en qué circunstancias concretas se encuentra el proceso político y cuáles son las perspectivas futuras. En un año ha cambiado completamente la percepción de la opinión pública en torno al futuro de Europa. Se ha pasado de la percepción de un claro apoyo al proyecto constitucional europeo a decir que la Constitución estaba muerta y, ahora, a sostener que empieza a resucitar.

Las dificultades que surgieron con la ratificación no se debieron a la redacción concreta del Tratado Constitucional, ni a su alcance y contenido, sino que se trata de un problema básicamente francés y neerlandés, y en esa medida europeo y no al revés. En relación al proceso político europeo, se debe a la percepción de que el sistema político actual no resuelve los problemas concretos de los europeos

A pesar de los ‘noes’ francés y holandés a ratificar el Tratado Constitucional, los europeos, mayoritariamente, han dejado claro su apoyo al mismo. En febrero de 2006, son prácticamente 14 los Estados miembros que ya han logrado la ratificación (Lituania, Hungría, Eslovenia, Italia, Grecia, Eslovaquia, Bélgica, España, Austria, Alemania, Letonia, Chipre, Malta y Luxemburgo). El Parlamento Europeo también ha mostrado su apoyo a este proyecto a través de dos resoluciones. Por ello, el mandato de los pueblos europeos no es que esta Constitución no puede entrar en vigor, sino que debe entrar en vigor, ya que una mayoría de Estados (14) y una mayoría de ciudadanos (234 millones de 453) han mostrado su apoyo directo o indirecto a la entrada en vigor de la Constitución Europea. Incluso teniendo en cuenta a los ciudadanos que han votado en referéndum (España, Francia, Países Bajos y Luxemburgo), 26,6 millones de europeos han apoyado la vigencia de la Constitución, contra 22 millones que han votado no.

Aún quedan nueve Estados por pronunciarse, de los cuales seis los harán previsiblemente a través de referendos (Dinamarca, Polonia, República Checa, Portugal, Italia y Reino Unido) y otros tres por la vía parlamentaria (Estonia, Finlandia y Suecia). Ellos también han de tener su oportunidad de aprobar o rechazar la Constitución Europea. Así, en términos europeos, no Estado por Estado, son una mayoría aplastante los europeos que quieren la entrada en vigor inmediata del Tratado Constitucional.

El Tratado, en contra de lo que a veces se dice, surge de la necesidad de dar respuesta a los cuatro problemas estructurales básicos que tiene la Unión Europea: democracia, eficacia, presencia en el mundo y solidaridad. El Consejo Europeo (reunión de Jefes de Estado) ha reconocido que este Tratado es el fruto de un proceso colectivo destinado a dar la respuesta adecuada para un funcionamiento más democrático, más transparente y más eficaz de una Unión Europea ampliada y en constante crecimiento.

La no ratificación de la Constitución presenta importantes costes, tanto desde el punto de vista político interno e internacional que Europa no puede permitirse, y que no sirve más que para agravar la situación. Si se pretende por parte de las instituciones y un gran número de Estados miembros de restaurar la confianza de los ciudadanos a través de que la Unión ofrezca resultados, es necesario recalcar la necesidad de tener un nuevo marco constitucional que permita dar respuesta a los nuevos problemas de una Unión Europea con más de 25 Estados y a los retos de la globalización económica que define la primera década del siglo XXI.

En los últimos meses se han producido una serie de señales políticas nuevas, por lo que puede vislumbrarse a lo lejos la salida del laberinto. Así el Consejo Europeo de diciembre de 2005 ha logrado, finalmente, aprobar las Perspectivas Financieras de la Unión Europea (presupuestos). A la vez, se constata la necesidad de ‘más Europa’ y el propio Consejo Europeo ha acordado la necesidad de crear una política común de migraciones y una política común de energía.

En ese mismo Consejo Europeo se ha clarificado el liderazgo del nuevo gobierno alemán (presidido por Ángela Merkel) y se han clarificado las incógnitas sobre cuáles son sus preferencias en relación a Europa.

Además, el 19 de enero de 2006, el Parlamento Europeo aprobaba una nueva resolución sobre el periodo de reflexión en que se encuentra el proceso de ratificación y muestra su apoyo a que la Constitución entre en vigor antes de 2009. Igualmente se avanza, en cierta manera, respecto a los posibles calendarios para la aprobación del Tratado Constitucional como han anunciado los gobiernos alemán y portugués, que ocuparán la Presidencia europea en el 2007.

Por consiguiente, para salir del laberinto de ratificación es necesario avanzar en la resolución de la crisis del proceso político. Esta crisis tiene un componente europeo y otro nacional, especialmente francés y neerlandés. La salida material a la crisis está en cambiar las condiciones para que el proceso político permita percibir al ciudadano que Europa resuelve sus problemas concretos y es capaz de responder a sus necesidades.

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