En los últimos tiempos las noticias referidas a la inmediata puesta en marcha de una ley específica de mecenazgo cultural por parte del Gobierno central, y recientemente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, están siendo una constante en los medios de comunicación. Sin embargo, el mecenazgo cultural, que ya es una realidad en el Estado Español, es ahora un elemento al que se recurre, quizás, como sistema compensatorio por las últimas medidas adoptadas sobre un sector, el de las industrias culturales, que se encuentra ahogado entre otras cosas por la crisis económica y el incremento del IVA que han destruido el consumo en este sector.
Las industrias culturales han tenido desde la Ley 16/1985 toda una serie de incentivos fiscales (medidas de fomento), vinculadas principalmente al ámbito del Patrimonio, con las que se pretendía, mediante la incorporación de la inversión privada y la participación social, suplir la escasez presupuestaria de las administraciones públicas sobre el sector. Posteriormente la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo favoreció los incentivos fiscales al mecenazgo, regulando los donativos/donaciones y aportaciones a favor de las entidades sin ánimo de lucro, a favor del propio Estado, así como de las comunidades autónomas, entidades locales, universidades públicas, colegios mayores y otras instituciones. Igualmente se incluyeron los convenios de colaboración empresarial y gastos en actividades de interés general y programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
Estas iniciativas, que han permitido sacar adelante numerosos proyectos y actividades, sin embargo no redundaron prácticamente en los gestores y trabajadores de las industrias culturales ajenos a lo público o a lo institucional, pudiendo entenderse que eran medidas orientadas principalmente a la financiación de actividades en origen responsabilidad de las propias administraciones/instituciones públicas, o de interés para las mismas. Por ello, el desarrollo real de estas leyes redunda actualmente en aquellos que ya reciben ayudas y subvenciones de lo público, dejando a un lado a quienes están fuera de este organigrama público/institucional.
Las nuevas leyes que se proponen, a tenor de las noticias e informaciones que se pueden consultar, parece ser que pretenderán incidir en el mejor reparto de las aportaciones económicas derivadas de las iniciativas de mecenazgo, regulando que estas no vayan de manera general a aquellas actividades que ya cuentan con algún tipo de subvención o ayuda. En el caso andaluz el “Pacto por Andalucía y por la Cultura andaluza” impulsado por el presidente José Antonio Griñán pretende fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo mediante una Ley de Mecenazgo con desgravaciones que potencie el consumo cultural y convierta el sector de las industrias culturales en un “motor económico” favorecido en su despliegue y desarrollo por los poderes públicos. Con ello se comienza a incidir en la necesidad de que las industrias culturales se sumen y estén presentes en los parques tecnológicos al mismo nivel que la investigación o las universidades.
Sin embargo la duda y la sospecha campa entre quienes formamos parte de las industrias culturales como trabajadores por cuenta propia o microempresa, ya que recelamos de la redacción y posterior aplicación de esta nueva Ley, ya sea estatal o autonómica. Desconocemos plenamente cómo vamos a ser integrados en estas nuevas propuestas de Ley, y cómo nos van a afectar en lo positivo y en lo negativo, entendiendo lo negativo como la exclusión o dificultad de los trabajadores autónomos o microempresas a la recepción de ayudas derivadas del mecenazgo y la inaccesibilidad de nuestras actividades a las desgravaciones y apoyos que se legislen.
En ARAUTA y UPTA Andalucía creemos que para conseguir un correcto encaje de lo que realmente se debe entender por una Ley de Mecenazgo en la que tengan cabida todos los agentes dedicados, tanto desde lo público/institucional como desde lo privado, a las industrias culturales se hace necesario entablar diálogos entre legisladores y representantes de las pymes y agentes culturales por cuenta propia. Una nueva Ley de Mecenazgo excluyente, que favorezca reiteradamente y en exclusividad a quienes ya disfrutan de subvenciones, ayudas, o presupuestos públicos, no es viable ya que dejaría fuera de su ámbito a más del 90% de los agentes culturales que son quienes realmente pueden hacer de las industrias culturales un verdadero motor económico generador de empleo y riqueza.
Jacobo Vázquez Paz, Arqueólogo, presidente de la Asociación Arqueólogos Autónomos de Andalucía ARAUTA, y José Lorenzo Morilla, Secretario de Organización de UPTA Andalucía
