En 1991 el Tratado de Maastricht instituye la Unión Europea (UE), que sustituye a la Comunidad Europea (CE) y abre una nueva etapa más estrecha en el proceso de unión entre los pueblos de Europa. La UE tiene por objeto el progreso social y económico mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores y el establecimiento de una Unión Económica y Monetaria (UEM) que incluye la adopción de una moneda única (euro).
El título segundo del tratado modifica y completa las disposiciones del tratado de Roma (1957) y del Acta Única (1986), a fin de crear un mercado único (1 de enero de 1993) y un mercado interno caracterizado por la abolición, entre los Estados miembros, de los obstáculos para la libre circulación de las personas, los servicios, las mercancías y los capitales.
El objetivo último de la Unión Económica y Monetaria es la creación una moneda única. Ésta se desarrolló en tres etapas diferentes. La primera entró en vigor el 1 de julio de 1990, con la completa liberalización de los movimientos de capitales. La segunda comenzó el 1 de enero de 1994 con la entrada en funciones del Instituto Monetario Europeo (IME), con sede en Frankfurt, y germen del Banco Central Europeo (BCE), que dirige la política monetaria, con independencia de los Gobiernos.
En 1997 el Tratado de Amsterdam fija para el 1 de enero de 1999 la entrada en vigor de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, con la introducción del euro. Para favorecer y fortalecer la puesta en marcha de la UEM, los Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) de los 15 países de la Unión Europea elaboran el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Éste pretende alcanzar cuatro grandes objetivos:
* Prevenir la aparición de déficit presupuestarios excesivos en los países de la zona euro (Bélgica, Alemania, Grecia, España, Irlanda Francia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia) tras la entrada en la tercera etapa de la UEM y puesta en marcha del euro como moneda única.
* Garantizar una gestión sana de la Hacienda pública en la zona euro, con el fin de evitar que una política presupuestaria laxa de un Estado miembro penalice a los otros a través de los tipos de interés.
* Obtener estabilidad y crecimiento económico en la zona euro.
* Garantizar una convergencia sostenida y duradera de las economías de los Estados miembros de la zona euro.
Las dos condiciones básicas que deben cumplir los Estados integrantes de este Pacto de Estabilidad y Crecimiento son que su déficit público no supere el 3% y que la deuda pública no rebase el 60% del PIB respectivamente. La Comisión Europea es la encargada de supervisar la aplicación del PEC y de recomendar al Consejo Europeo las posibles sanciones a los Estados miembros que no cumplen el Pacto.
El PEC ha sido fuente de polémica y discusión desde su creación; ya en 1997, el debate académico ponía en duda que sus supuestos beneficios fueran superiores a sus costes. Transcurridos cinco año de su puesta en marcha el balance global es positivo ya que ha contribuido a sostener una estabilidad macroeconómica de la zona euro y al afianzamiento del euro como moneda. Asimismo, en los últimos tres años se han acumulado tensiones a la hora de aplicar el Pacto, lo que ha propiciado una pérdida de credibilidad.
El PEC ha funcionado relativamente bien en época de bonanza económica pero cuando la zona euro ha entrado en una fase de fuerte desaceleración económica varios países, sobre todo Francia y Alemania, han superado el límite excepcional del déficit público, fijado en el 3% del PIB. Para evitar que el PEC perdiese su credibilidad y reputación de cara en los mercados y en la ciudadanía europea, se ha acordado, por segunda vez, posponer el cumplimiento de la regla de la estabilidad presupuestaria de 2004 a 2006 y, mientras tanto, la Comisión Europea ha propuesto una reforma del PEC para hacerlo más flexible de cara al futuro.
La cumbre de Bruselas, celebrada los días 22 y 23 de marzo, convocada para reactivar la economía europea ha dado luz verde a la reforma del PEC, a la renovación de las estrategias económicas de la cumbre de Lisboa y al acuerdo para modificar el polémico proyecto para liberalizar el comercio de servicios (Directiva Bolkestein). La cumbre ha decidido respetar el núcleo esencial del PEC (mantenimiento del 3% del déficit y el 60% de la deuda pública en relación al PIB) y aplicar las reglas de forma más flexible. Así, antes de abrir procedimientos a los Estados incumplidores se tendrá en cuenta factores nuevos, desde la evolución de los tipos de cambio hasta las reformas realizadas y se ampliarán los plazos para que se corrijan los desequilibrios. Los países más beneficiados por esta reforma serán Alemania y Francia que llevan tres años sin cumplir los requisitos del Pacto. Asimismo se incluyen eximentes y atenuaciones para escapar del procedimiento sancionador por déficit excesivo: las inversiones en I+D, los gastos en reformas de pensiones o el coste de la reunificación alemana podrán descontarse en el cálculo del déficit. También se recomienda que tanto los presupuestos nacionales como comunitarios deben reorientarse a favor de un mayor crecimiento y empleo con más inversiones en investigación, educación e innovación.
Creemos que los nuevos compromisos presupuestarios que derivan de las modificaciones del PEC al que nos obliga la pertenencia a la Unión Económica Monetaria deben ser compatibles con un crecimiento económico sano, exento de tensión inflacionaria y con más inversiones en capital humano y tecnológico. De poco servirá seguir exhibiendo a ultranza un déficit cero o reducido si la capacidad competitiva de la economía europea pierde posiciones años tras años. La virtud de la reforma del PEC es conseguir la conciliación de la estabilidad presupuestaria con el crecimiento económico y del empleo. De esta forma la Unión Europea cumplirá su objetivo de ser una de las economías más competitivas del mundo.
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