Recientemente se ha conmemorado con diversos actos el vigésimo quinto aniversario de los Ayuntamientos Democráticos. Esta efeméride es una buena oportunidad para reflexionar sobre el papel de las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) y, en concreto, de los andaluces, en la conquista y consolidación de las libertades en el desarrollo de una convivencia política y en el progreso económico y social de Andalucía.

El 3 de abril de 1.979, tras el refrendo mayoritario de la ciudadanía a la Constitución de 1.978, se celebran las primeras elecciones municipales que abrieron el camino de la normalización democrática en España y de la vertebración política de la sociedad española.

Durante estos 25 años los Gobiernos Locales de las ciudades y pueblos, junto a las Diputaciones Provinciales, han mejorado significativamente el bienestar social de los ciudadanos, prestándoles una gran cantidad de servicios de calidad. El cambio y el progreso experimentado en estos años de democracia se debe en gran medida al trabajo y esfuerzo de las Instituciones Locales. La respuesta de los Ayuntamientos ante las demandas de los ciudadanos ha ido más allá de las competencias propias, asumiendo el coste financiero que comportaban y han sabido forjar una cohesión social, basada en el diálogo, la convivencia y la participación cívica entre ciudadanía y Ayuntamiento. Éstos se han convertido, de esta forma, en la representación por excelencia del sistema democrático, y en el destinatario de las aspiraciones y exigencias legítimas de los ciudadanos. Sin apenas competencias y menos aún medios económicos, las Corporaciones Locales hicieron frente a tan graves responsabilidades y abrieron cauces de participación y movilizaron todos los recursos disponibles para no defraudar las expectativas creadas en los ciudadanos.

Este esfuerzo de cambios y mejora de los servicios públicos ha sido reconocido por la mayoría de los ciudadanos. Los diversos estudios de opinión muestran que cuando se les pregunta sobre la valoración de la gestión de las distintas administraciones públicas colocan siempre en primer lugar a las corporaciones locales. Y lo que es más importante, es una valoración que ha ido mejorando con el transcurso del tiempo. Y aún más significativo: la política local es, con mucho, la que más interés despierta entre los ciudadanos.

Es manifiesto que 25 años después del comienzo de la etapa democrática, nuestro país ha llevado a cabo un singular y exitoso proceso de descentralización, que ha dado lugar a la institucionalización de las 17 comunidades autónomas (CC.AA.), más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se han adaptado como un guante a la peculiaridad interna de la España plural.

Con todo, el proceso descentralizado, se ha detenido en ese segundo nivel de la estructura del Estado, es decir, las Comunidades Autónomas, de tal modo que podríamos afirmar que el viejo centralismo, propio del régimen anterior se ha mantenido en cierta medida, aunque a un nivel inferior. En estos cinco lustros, las CC.AA. han asumido cuantiosas competencias que antes desempeñaba el Estado, con su correspondiente financiación, pero poco o nada se ha hecho en el terreno de la descentralización de las Autonomías hacia las Corporaciones Locales, lo que se ha denominado Segunda Descentralización o Pacto Local: las corporaciones locales mantienen en lo sustantivo las mismas competencias e idéntica financiación desde hace 25 años, con la particularidad, de que han asumido la gestión de servicios que no existía antaño y que ha habido que crear para responder a una cada vez más exigente demanda social, sin disponer de recurso para ello.

Es bien conocido que el proceso de descentralización registrado en España desde la Constitución de 1.978 se ha distinguido fundamentalmente hacia las CC.AA. que surgiendo de la nada y crea-das como nuevo nivel de gobierno, han llegado a absorber en estos cinco lustros (1.980-2.005) más de un tercio del gasto público total. Frente a la pujanza de las CC.AA. las Haciendas Locales se han visto relativamente relegadas.

Este intenso proceso de descentralizado apenas ha repercutido en estas instituciones. Las Corporaciones Locales se han ido quedando rezagadas una y otra vez y sigue prácticamente allí donde se encontraba al principio de la transición democrática. En este momento supone el 14% del gasto público total, por el 50% de la Administración Central y el 36% de las Autonomías. Se trata, por tanto, de un porcentaje mucho más reducido de los que se producen en otros países de nuestro entorno económico y social: en los Estados federales la media supera el 20% y en los Estados unitarios el 30%.

juan.rodriguez@uca.es