La negociación colectiva es una de las mayores conquistas de los trabajadores y trabajadoras de este país y, por extensión, de toda la sociedad, incluidos los propios empresarios. No es una cuestión, por tanto, exclusiva de la clase obrera, sino que de su buen o mal funcionamiento dependen muchos resortes que posibilitan un clima laboral y social propicio para el crecimiento económico, la productividad y competitividad del tejido empresarial y, finalmente, para la generación de más empleo de calidad y con derechos.
Hay que recordar a aquellos tan empeñados en destruirlo, que nuestro modelo de negociación colectiva es, en primer lugar y ante todo, un derecho constitucional, que ha sido desarrollado gracias al diálogo responsable entre las organizaciones sindicales y las patronales. Ese consenso entre las contrapartes es un valor añadido positivo para el mercado de trabajo y el sistema productivo de este país, ya que basándonos en el mismo hemos garantizado la paz social durante muchos años y eso ha propiciado el crecimiento de nuestra economía, con el consiguiente progreso social de nuestra sociedad. Claro que es un modelo con algunos desajustes y que puede ser mejorado, pero nadie puede poner en duda la contribución esencial del mismo en la reducción de las diferencias entre España y Andalucía con respecto al entorno europeo.
Los sindicatos mayoritarios somos conscientes de ello, de hecho siempre apostamos por la negociación y arrimamos el hombro, máxime en un momento como el que estamos sufriendo. Así lo demostramos firmando con CEOE en enero de 2012 el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, que contemplaba una intensa moderación salarial durante tres años y facilitaba a las empresas la flexibilidad interna necesaria para que puedan funcionar en este escenario de crisis, al tiempo que acometía una adaptación importante de nuestro modelo de negociación colectiva.
Dos semanas después de este Acuerdo, el Gobierno del PP ningunea a los agentes sociales y económicos y, amparado en su mayoría absoluta, presenta su reforma laboral, que, entre otras aberraciones, ignora la aportación del modelo de negociación colectiva e inicia una descabellada cruzada para debilitarlo y, finalmente, acabar con él. Está cometiendo una grave irresponsabilidad, con la complicidad de la patronal, cuando apuesta con su reforma laboral por la ruptura de este modelo de negociación colectiva sin pensar en la conflictividad laboral que provocará en el próximo ciclo de crecimiento económico y que será ingobernable. Porque en estos momentos de crisis, el ejecutivo de Rajoy ha puesto en bandeja de plata a la patronal la capacidad de arrasar con las condiciones laborales pactadas en los convenios e imponer unas nuevas siempre a la baja; sin embargo, cuando la economía comience a crecer, los trabajadores y trabajadoras reclamarán legítima y justamente lo que les corresponde así como lo que han ido perdiendo en estos años. El conflicto laboral está servido para el futuro si los empresarios no toman conciencia y asumen su responsabilidad en esta situación.
La reforma laboral del PP colma las aspiraciones del pensamiento neoliberal y de la derecha económica y política más reaccionaria. Entre sus muchas y nefastas consecuencias, dinamita el marco de relaciones laborales y rompe el modelo de negociación colectiva al dejar a los trabajadores y trabajadoras indefensos ante la arbitrariedad de las decisiones empresariales, incluida la de descolgarse unilateralmente y sin motivos de peso del convenio colectivo vigente. Y es aquí donde entra en juego el concepto clave para desarmar la negociación colectiva en este país: la desaparición de la ultractividad. Bajo esta fórmula se esconde la mayor agresión a los derechos conquistados a través de la negociación colectiva de la etapa democrática de este país, eliminándolos una vez pasada la prórroga para renovar los convenios colectivos y dejando el contador del trabajador a cero en cuanto a las condiciones y mejoras laborales reconocidas en los mismos. Para ser claros: si el empresario, en una actitud de irresponsabilidad y falta de compromiso social, bloquea la negociación para renovar un convenio hasta el próximo 7 de julio (fecha en que entra en vigor la desaparición de la ultractividad) e imposibilita alcanzar el acuerdo, los trabajadores y trabajadoras afectados por el mismo pierden todos y cada uno de los derechos y condiciones laborales que tenían. Es decir, el 8 de julio cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en Andalucía se verán seriamente afectados por la eliminación de la ultraactividad.
En estos momentos algunos empresarios andaluces mantienen bloqueada la negociación de 1.247 convenios colectivos pendientes de renovación desde hace varios años (dan cobertura a cerca de un millón de trabajadores), de los cuales aproximadamente la mitad se verán afectados en cuanto se elimine la ultraactividad, desapareciendo, y con ellos también las condiciones laborales conquistadas por los trabajadores. Lo hacen a pesar del acuerdo alcanzado el pasado 23 de mayo entre las centrales sindicales CCOO y UGT y la cúpula de la patronal a nivel estatal, manifestando una falta absoluta de compromiso con la cultura del diálogo social.
No podemos permitir esta actitud ventajista, y absolutamente miope, de algunos sectores empresariales andaluces más reaccionarios e insolidarios, que solo miran los beneficios inmediatos que les reportará esta jugada, que les permite la reforma laboral del PP sin analizar las consecuencias en el próximo ciclo de crecimiento. Además se muestran desleales con los acuerdos alcanzados por sus direcciones patronales a nivel estatal y regional. Nuestro sindicato sí piensa en ese futuro, también en el presente del millón de trabajadores andaluces con convenios bloqueados, y por eso extenderemos en junio los conflictos y movilizaciones por toda Andalucía, sector a sector, empresa a empresa, para forzar a las patronales a abandonar su cómoda actitud y cerrar los convenios pendientes de renovación. Nos esforzaremos para lograr que se aplique ese acuerdo en todos y cada uno de los convenios pendientes de manera que se prorrogue la ultraactividad más allá de la primera semana de julio y tengamos margen para renovarlos.
Los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, y del resto del país, hemos hecho más esfuerzos de los que nos correspondían en esta crisis que no hemos provocado. Así que no nos cruzaremos de brazos para ver cómo algunos empresarios dejan pasar el tiempo para arrebatarnos nuestros derechos en los convenios. Tampoco seremos sumisos ante quienes pretenden eliminar el principal instrumento que tenemos para defender nuestros derechos, la negociación colectiva.
La clase trabajadora ha sido más que responsable socialmente hasta el momento. Ahora les toca a los empresarios serlo. Si entra en vigor la desaparición de la ultraactividad, el estallido social está garantizado y sus consecuencias serán imprevisibles. Aún estamos a tiempo de evitarlo.
Francisco Carbonero Cantador, secretario general de CCOO de Andalucía
