La Seguridad Social prevé un superávit de 8.032,6 millones de euros para 2008, lo que equivale al 0,6 por ciento del PIB previsto por el Gobierno en su programa de estabilidad presupuestaria para ese ejercicio. Así lo anunció ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien explicó que dicha cantidad es el resultado de la diferencia entre los 114.081,7 millones en ingresos no financieros (cotizaciones sociales o transferencias del Estado y otros) que se estiman para el próximo año y los 106.049 millones de euros en gastos no financieros (personal o prestaciones sociales, entre otros) previstos.
A esos ingresos contribuirá el aumento, en un 2,2 por ciento, del número de cotizantes, proporción que en cifras absolutas será de 400.000 personas, "el mayor crecimiento de afiliación en los países de la Zona Euro". Granado reconoció, a este respecto, que resulta "difícil" mantener en el tiempo" el ritmo de avance de 2004 y 2005, que fue del 3 ó el 4 por ciento, como consecuencia del proceso de normalización de trabajadores extranjeros acometido por el Ejecutivo. No obstante, señaló que, "desde el punto de vista de la ortodoxia económica", no es conveniente que ese crecimiento tenga unos picos tan elevados, porque lo "razonable" es que sea "sostenido", y el 2,2 por ciento es "compatible" con la reforma laboral. En cuanto a las cotizaciones reales, el responsable de la Seguridad Social indicó que son algo superiores, y explicó que "los trabajadores que pasan de tener un contrato temporal a uno indefinido tienen mayores cotizaciones", de modo que "los ingresos del sistema se incrementan por encima de la afiliación".
Según Octavio Granado, los ingresos seguirán subiendo, previsiblemente, un 7,7 por ciento, y también las personas que trabajen "lo harán más días", debido al mayor número de contratos indefinidos. En cuanto al incremento de los gastos de la Seguridad Social, dijo que tiene "una doble naturaleza": una de corte "vegetativo" -las personas que se jubilan cada año tienen derecho a una determinada pensión- y otra vinculada al "impacto de la voluntad del legislador".
