La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, y el director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA), Manuel Pérez, han firmado en Sevilla un convenio de colaboración para la realización de una investigación sobre necesidades de vivienda en los municipios de Andalucía. En el acto ha estado presente el secretario general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Antonio Nieto.

El convenio concreta la realización de tres actividades: diseñar el trabajo a realizar y que distinguirá entre municipios de más de 20.000 habitantes y de menos de 20.000 habitantes; una segunda actividad destinada a la aplicación en cada municipio de la investigación sobre necesidades de vivienda, y una tercera actividad relacionada con el análisis de datos procedentes de distintas fuentes, como los planes generales de las municipios, censos o empresas municipales de suelo.

El convenio firmado tiene una vigencia de 15 meses y una financiación a cargo de la Consejería de Obras Públicas de más de 108.000 euros. El acuerdo está contemplado específicamente en el Pacto por la Vivienda en Andalucía, propuesto por el presidente de la Junta de Andalucía en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y que tiene como objetivo un triple acuerdo con instituciones, agentes sociales y económicos y con entidades financieras con el objetivo de facilitar a los andaluces el acceso a una vivienda. En concreto, las previsiones de necesidades de viviendas de los ciudadanos andaluces se sitúan en la construcción de 700.000 viviendas, de las cuales 300.000 serían protegidas para los nuevos hogares que se crearán en Andalucía en el horizonte de los próximos diez años.

El Consejo de Gobierno aprobó el martes 4 de septiembre el anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda cuyo objetivo es garantizar por ley a los andaluces el acceso a una vivienda digna y de calidad, de acuerdo con las previsiones recogidas tanto en la Constitución como en el artículo 25 del Estatuto.

La futura ley regulará el acceso a la vivienda, la rehabilitación de las ciudades y la calidad de la vivienda. Como paso previo y con el fin de obtener el máximo consenso posible en torno a la futura Ley, la Junta de Andalucía ha ofrecido el Pacto por la Vivienda. Uno de los aspectos recogidos en este es un acuerdo con la FAMP para satisfacer las necesidades de viviendas de los vecinos de cada municipio, que se va a materializar a través del convenio firmado con el IESA.