El consejero de Empleo, Antonio Fernández, presidió en Jerez la entrega de resoluciones de los nuevos proyectos de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio que se pondrán en marcha en la Bahía de Cádiz a lo largo del próximo año y que suponen las primeras medidas del plan de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo (Atipe) de la zona.

El plan, que busca fomentar el empleo en los territorios más desfavorecidos, cuenta con una previsión de inversión estimada de 260 millones de euros para la Bahía, y ha sido consensuado con los representantes sindicales, empresariales e institucionales gaditanos.

La Atipe de Jerez-Bahía de Cádiz beneficiará en los próximos tres años a un total de 65.138 demandantes de empleo de los municipios de Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando y ya está en marcha, tras la constitución en Jerez del Consejo de Coordinación que dirigirá estas actuaciones. Compuesto por los ayuntamientos de la zona, la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la CEA, UGT, CCOO y la Junta, el Consejo será el máximo órgano institucional y de decisión dentro de la Atipe, y se encargará del seguimiento y evaluación semestral de las actuaciones.

En Andalucía, la Junta ha elaborado Atipes para nueve zonas prioritarias: Jerez-Bahía de Cádiz, el Campo de Gibraltar, el Valle del Guadiato, la ciudad de Córdoba, la comarca de Guadix, la Cuenca Minera de Huelva, La Sierra-Condado de Jaén, el Bajo Guadalquivir y el Polígono Sur de Sevilla. Estas zonas, integradas por 107 municipios y una población de 1,6 millones de habitantes, suman un volumen de paro registrado de 177.500 personas, lo que supone el 36% de los desempleados andaluces.

La Consejería de Empleo tiene previsto destinar hasta 2010 más de 665 millones de euros para desarrollar las Atipes en estos territorios, donde aplicará medidas especiales y con una financiación más intensa que la prevista con carácter general en el actual marco regulador de las políticas activas de empleo.

Las primeras acciones han dado comienzo ya con las entrevistas a todos los demandantes de empleo (para conocer sus perfiles) y con la ronda de visitas a las empresas para divulgar las medidas formativas y los incentivos a la contratación que pueden solicitar.

Así, en este último ámbito, las ayudas serán de 6.000 euros por cada contrato indefinido que se formalice, frente a la horquilla de 3.000-4.750 euros fijada para toda la comunidad autónoma, y ascenderán a 9.000 euros en el caso de contrataciones a mujeres, jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión social y trabajadores procedentes del Régimen Especial Agrario.

Además de estos incentivos, se prevé un incremento de las ayudas para transformaciones de contratos temporales en indefinidos, con una horquilla que va desde los 4.000 euros hasta un máximo de 6.000. Asimismo, se fija un incentivo de 6.000 euros para las nuevas contrataciones bajo la modalidad de fijo-discontinuo y una ayuda de 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (19.971 euros; el triple de la recogida en el marco general) para la contratación indefinida de técnicos en prevención de riesgos laborales. También se desarrollarán otras medidas con el fin de facilitar la reincorporación al mercado laboral de mujeres con personas dependientes a su cargo.

Respecto al autoempleo, se establece para los nueve territorios seleccionados una aplicación preferente del Plan Más Autónomos, con ayudas de hasta 9.000 euros para el inicio de la actividad empresarial autónoma y de hasta 5.000 euros para la primera contratación de carácter estable que lleve a cabo un trabajador por cuenta propia. También se incorporan medidas de apoyo para iniciativas de los autónomos en sectores generadores de empleo, además de programas de orientación y asesoramiento en nuevas tecnologías, búsqueda de financiación y mejora continua de los recursos humanos.

En el apartado de impulso a la actividad productiva, destacan, entre otras medidas, el análisis permanente del mercado laboral para planificar las acciones de formación; los programas de apoyo a la función gerencial y a la contratación de personas expertas en empresas calificadas como I+E (Innovación y Empleo); las iniciativas para favorecer el traslado de pymes al exterior de los cascos urbanos, y el apoyo a la creación de empresas para rutas medioambientales, a través de un programa de asesoramiento que se prolongará durante los dos primeros años de funcionamiento.

Finalmente, para la mejora de los recursos humanos, los planes incluyen programas de Formación Profesional Ocupacional con compromisos de contratación para los participantes y realización de prácticas en empresas vinculadas a actividades emergentes. Estas medidas se completan con planes específicos de becas y ayudas de asistencia para colectivos sociales con especiales dificultades de inserción laboral; formación especializada de trabajadores autónomos para perfeccionar la gestión y mejorar sus formas de financiación, e iniciativas de conciliación de la vida laboral y familiar.

Las nueve zonas donde se desarrollarán los planes Atipes tienen en común los siguientes indicadores: población con índice de dependencia superior al 45,31%; tasa migratoria inferior a 6,2 por cada mil habitantes; tasa de paro global por encima del 27,85%; tasas de ocupación masculina y femenina por debajo del 43,45% y del 22%, respectivamente, y volumen de actividad femenina inferior al 31,72%. También se valora el peso que en el paro registrado tienen los colectivos de personas analfabetas (un mínimo del 12,24%), sin empleo anterior (22,64%) y trabajadores no cualificados (36,91%).

Además de estos indicadores, los planes tienen en cuenta otros factores cualitativos de especial incidencia en la evolución del empleo, como los referentes a reestructuraciones de sectores económicos predominantes, la necesidad de anticiparse a cambios en el mercado de trabajo o las situaciones de desempleo asociadas a dificultades de integración social.

Los primeros proyectos que se pondrán en marcha en el próximo año en la zona, en el marco de este plan especial de empleo, serán 17 proyectos de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio, en los que se formarán 496 desempleados de la zona y que cuentan con una inversión de la Consejería de Empleo superior a los 10,3 millones de euros. De esta manera, con la puesta en marcha del plan Atipe, la inversión en proyectos de escuelas taller se ha incrementado un 67% respecto a la realizada al inicio de la legislatura.

Las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio son proyectos de carácter temporal en los que se alterna la formación con el trabajo productivo, y permiten, además de la recuperación del patrimonio, la profesionalización de los participantes.

Se trata de programas mixtos de empleo y formación que tienen como fin la ocupabilidad de personas que tengan especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, de manera que los participantes adquieren la formación profesional y la práctica laboral necesaria a través de un contrato, realizando obras y servicios de utilidad pública o interés social.