El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, norma que regulará el derecho constitucional de los andaluces a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación familiar, económica y social.
El anteproyecto tiene como punto de partida la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, que en su artículo 25 establece que "la Ley regulará el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten".
De acuerdo con los criterios establecidos para el ejercicio de este derecho, el acceso a una vivienda se regirá por los ingresos familiares, según sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional) o superiores pero insuficientes para acudir al mercado libre.
En el primer caso, se garantizará el acceso a una vivienda pública en alquiler, cuya cuota no podrá ser superior al 25% del IPREM vigente. En el supuesto de rentas superiores al IPREM, se establecerá una oferta de viviendas, tanto en venta como en alquiler, distribuidas en tramos en función de los distintos niveles adquisitivos. Las ayudas públicas también variarán según la renta familiar en cada caso, con el objetivo de garantizar que la cuota mensual no supere un tercio de los ingresos familiares en la adquisición ni una cuarta parte en el caso de alquiler.
Según ha indicado la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, los ayuntamientos deberán elaborar planes de vivienda donde se definan, mediante estudios sociológicos y encuestas específicas, las necesidades concretas de los vecinos de cada municipio y los recursos para satisfacerlas, a través del Patrimonio Municipal del Suelo y de reservas mínimas de un 30% de los terrenos residenciales para vivienda protegida. Junto a los municipales, los planes autonómicos de vivienda determinarán las tipologías de vivienda y financiación de las mismas.
Otro de los aspectos centrales del anteproyecto es el que se refiere a la calidad en la construcción de vivienda libre. Para que sea considerada digna, deberá asegurar, entre otros parámetros, que su construcción respeta criterios de sostenibilidad, facilita el acceso a servicios y equipamientos públicos y garantiza la accesibilidad para personas dependientes o discapacitadas. Se exigirá un certificado de calidad, expedido por agencias independientes de control homologadas por la Junta.
El texto regula también, con rango de ley, la rehabilitación de viviendas, centros históricos y barrios degradados, con el objetivo de eliminar la infravivienda en Andalucía en el horizonte del año 2012.
El anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda es fruto de un extenso debate, ya que tras la elaboración de un primer borrador se constituyó un grupo de trabajo encargado de analizar el documento e integrado por las consejerías de la Junta implicadas; la secretaría de la Vivienda de la Generalitat de Cataluña; la Facultad de Sociología de Granada, y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), así como promotores de ámbito andaluz y del resto de España.
Han sido textos de referencia para elaborar el anteproyecto los trabajos del IESA sobre niveles de pobreza en la comunidad autónoma, que han revelado la importancia de realizar estudios específicos municipio a municipio para detectar las necesidades reales de vivienda. Junto a ellos, también han sido clave los llevados a cabo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en relación a la relevancia de regular los requerimientos de vivienda a través de planes específicos de ámbito municipal.
Para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Gobierno trabaja actualmente en el Pacto por la Vivienda en Andalucía, cuyo objetivo final será la construcción de 700.000 viviendas, de ellas 300.000 protegidas, para los nuevos hogares que se crearán en la comunidad durante los próximos diez años. El Pacto se sustentará en tres acuerdos: uno institucional para orientar el planeamiento urbanístico a la satisfacción de las necesidades de los vecinos de cada municipio; otro con las entidades financieras para definir el marco del nuevo Plan de Vivienda, y un tercero con los agentes económicos y sociales sobre el conjunto de las medidas.
